Red Chilena de Reducción de Daños

PROPUESTA DE ORIENTACIONES ETICAS PARA EL DISEÑO DE UNA POLITICA PUBLICA DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

2009-09-04T16:25:00.001-04:00

INTRODUCCIÓN

Los suscritos, Red Chilena de Reducción de Daños, Corporación La Caleta, Corporación Ancora, Ciudadanía y Justicia, somos un grupo de organizaciones de la sociedad civil con décadas de trabajo en materia de alcohol y otras drogas, en permanente interpelación de nuestras prácticas desde una ética inclusiva que concibe a las personas como sujetos de derecho, en el marco del absoluto respeto de los derechos humanos, y que apuesta a favorecer los procesos de cambio ciudadano.

Esta propuesta es parte de un proceso de reflexiones y prácticas compartidas con equipos profesionales de Iberoamérica, plasmado en múltiples declaraciones suscritas , y que nos permite reconocernos como protagonistas en la construcción de pensamiento sobre la temática del alcohol y otras drogas.

Considerando, el actual proceso eleccionario que enfrenta el país, y en la coyuntura de evaluar la “Estrategia Nacional sobre Drogas 2003 – 2008” diseñada por CONACE, nos convocamos para entregar nuestras opiniones y consideraciones, para la formulación de nuevas políticas públicas en el ámbito del alcohol y otras drogas.

¿CUÁL ES NUESTRO DIAGNÓSTICO?

Las metas y objetivos establecidos hace diez años por la Comisión de Estupefacientes de la ONU, no se han cumplido. El consumo y tráfico de drogas ilícitas y sustancias psicotrópicas no se ha reducido sustancialmente y en muchos lugares del mundo, incluso ha aumentado considerablemente.

La “guerra contra las drogas” y el objetivo de “un mundo sin drogas”, ha significado un elevado gasto de recursos públicos y consecuencias no deseadas en la salud, la política y la cultura.

Algunos países no admiten este fracaso y priorizan una interpretación moralista e ideológica antes que tomar en cuenta las lecciones aprendidas, lo que hace imperativa una reflexión y revisión profunda de las políticas nacionales e internacionales y sus estrategias.

También en Chile la reducción de la demanda de drogas y cuestiones conexas ha sufrido una profunda influencia de estas políticas.

Durante este período constatamos que:

• la participación de organizaciones de la sociedad civil en la formulación y evaluación de estrategias en materias vinculadas al alcohol y otras drogas, ha sido parcial y discontinua, lo que ha significado que las reflexiones a partir de las prácticas y de las evidencias científicas se han escasamente incorporado.

• se ha detenido la mirada preferentemente en el ámbito de las drogas ilícitas y las políticas públicas y estrategias de prevención del abuso de alcohol y de psicofármacos (con prescripción y sin prescripción médica) son escasas y poco eficaces, siendo estos problemas de grandes dimensiones y consecuencias sociales y sanitarias.

• Las políticas públicas no han sido suficientemente eficaces y las estrategias no han sido capaces de proteger los derechos humanos y la dignidad de todas las personas y particularmente de los usuarios de drogas, aún expuestos, a la exclusión social y persecución penal que ha generado la clandestinización de éstos, no posibilitando que los dispositivos de salud los acojan.

INSTAMOS AL ESTADO DE CHILE A:

1. Orientar las políticas en materia de drogas, desde una perspectiva que busque activamente la inclusión, así como a revertir las implicaciones vinculadas al problema de las drogas, que derivan en la vulneración de los derechos de personas y colectividades; políticas que favorezcan una aproximación a la vez sanitaria y social al uso de alcohol y otras drogas, asociando la asistencia, la prevención, la promoción de la salud y los derechos humanos.

2. Asumir como marco político el programa de “Salud para todos en el siglo XXI”, señalando como carta de principios de justicia social las prioridades globales para las dos primeras década del nuevo siglo y los objetivos para crear las condiciones necesarias para que se pueda alcanzar el máximo nivel posible de salud.

3. Diseñar políticas sociales sobre alcohol y otras drogas, desde lo local a lo global, que aborden el conjunto de las realidades, que den cuenta de la riqueza de lo heterogéneo y de la diversidad cultural de nuestras comunidades.

4. Asignar recursos suficientes para el desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, tratamiento e inclusión social, priorizando programas sociales dirigidos especialmente a las poblaciones que viven en condiciones de exclusión social.

5. Realizar estudios sobre los problemas asociados a la venta, consumo y abuso de alcohol y otras drogas, superando las evaluaciones centradas solo en la prevalencia del uso.
Iniciar un proceso de investigación sobre los principios activos presentes en las sustancias hoy disponibles, para medir las eventuales daños y consecuencias para la salud, de acuerdo a la diversidad de usuarios y sus contextos.

6. Definir y ejecutar políticas públicas integrales que consideren la necesidad de equilibrar las intervenciones en materia de sustancias ilegales y legales (alcohol, tabaco y psicofármacos de prescripción médica).

NUESTRAS PROPUESTAS

En Chile, al igual que otros países, debemos ir dando paso a un nuevo paradigma, que considere que el consumo de sustancias psicoactivas es una característica común de la historia de la humanidad, un elemento más de nuestra vida que, nos guste o no, va a continuar estando aquí, al que es mejor conocer y controlar a partir de los intereses generales de la sociedad, es decir, de forma democrática y participativa.

Los problemas sociales y particularmente los de salud pública requieren de respuestas globales, integradoras y construidas en el marco de los Derechos Humanos, que promuevan la construcción de ciudadanía activa. Por ello, la sociedad civil organizada y todas las personas, tenemos el derecho de participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en conjunto con los gobiernos.

Consideramos necesario que:

• Las acciones e investigaciones clínicas y sociales debieran tender a disminuir la morbilidad y la mortalidad, a favorecer la accesibilidad a la red asistencial y a los dispositivos de salud, para mejorar la calidad de vida de los usuarios de sustancias psicoactivas y sus comunidades.

• Se deben garantizar los Derechos Humanos de las personas usuarias de drogas ilícitas y principalmente de quienes se encuentran en condiciones de exclusión social.

• Se debe reconocer al usuario y usuaria de drogas como un ciudadano de pleno derecho, descriminalizando el consumo y superando la mirada excluyente, que los considera como personas no competentes (adictos, enfermos, irracionales, infantiles, entre otros).

• Los programas de prevención, de reducción de daño, asistencia e inclusión social son los que deben adaptarse a las personas, a sus potencialidades y necesidades. Se deben dejar de lado las acciones punitivas, coercitivas y estigmatizantes que sostienen la exclusión y aumentan el sufrimiento social. La diversidad de intervenciones es un elemento imprescindible para los procesos de inclusión social.

• Los programas de tratamiento, rehabilitación e inclusión social deben ser de acompañamiento, de fortalecimiento y de reconocimiento del usuario como un sujeto de derechos que es protagonista de su proceso de salud-enfermedad. Para esto es fundamental incorporar la opinión de los usuarios y responder a sus necesidades, propiciando recursos y modelos de asistencia que demuestren respeto tanto por quienes deseen abandonar el consumo de alcohol y otras drogas basándose en el autocontrol y/o la abstinencia, así como por aquellos que opten por el consumo responsable y menos problemático de las sustancias.

• El sistema asistencial debe garantizar la accesibilidad de aquellos usuarios que no se incluyen en las categorías anteriores, diseñando dispositivos sanitarios y sociales de acercamiento y bajo umbral.

• Informar a la población, sobre la base de la evidencia científica y pertinente al destinatario, para disminuir los riesgos de los usos de alcohol y otras drogas así como dónde solicitar ayuda especializada.

• Derogar el artículo 4to de la ley 20.000 de drogas que instaura el tipo penal del porte de drogas

• Retirar a la marihuana y sus derivados de la lista de drogas “duras” y clasificarla entre las drogas “que no producen una alta toxicidad o dependencia”, derogando en lo inmediato el decreto nº 867 de 2007 publicado en el Diario Oficial de 19.02.08.

• Derogar la pena accesoria de tratamiento de drogas para los infractores de ley aún cuando hubiesen actuado bajo sus efectos o motivados por su consecución. En los casos que se considere pertinente la oferta de tratamiento de drogas, ésta deberá ser de carácter voluntario y no necesariamente condicionado a la abstinencia.

Finalmente, nos proponemos intercambiar saberes, mejorar prácticas, y buscar soluciones conjuntas tanto con el Estado y sus instituciones, como con los diversos organismos y organizaciones de base de la sociedad civil, promoviendo acciones que potencien una política de alcohol y otras drogas más justa y pertinente.

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Para incorporar el nombre de su organización, tenga a bien escribir a: mzorondo@episcopado.cl

I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas

2009-08-16T20:12:00.002-04:00

Conclusiones y Perspectivas:
Gana consenso la propuesta de
no criminalizar a los eslabones
más frágiles del tráfico

Con más de 650 asistentes de distintos países y la presencia de reconocidos expertos en políticas de drogas de América Latina, el 6 y 7 de agosto en el salón auditorio del edifico anexo de la Cámara de Diputados se desarrolló la I Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas en Buenos Aires y la VII Conferencia Nacional. Organizada por la asociación civil Intercambios, organización no gubernamental clave en América Latina en temas de reducción de daños y políticas de drogas con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos de Naciones Unidas, el encuentro se concentró en la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, reformas legislativas en la región, atención integral de los usuarios de drogas y alternativas políticas ante el fracaso de la guerra contra las drogas impulsada en los últimos veinte años.

Durante la inauguración de las jornadas, el Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, señaló: “Hace treinta años que vengo diciendo que el artículo 19 de la Constitución Nacional (que habla sobre los actos privados de los hombres) debe ser respetado y que este tema entra en ese artículo”. Además se lamentó porque, según su punto de vista, “lo que se hace es prohibir para subir precios. Esa suba de precio da lugar a la acumulación de más capital ilícito, lo cual permite cada vez romper más barreras institucionales. Ese es el círculo vicioso que desemboca en el llamado ‘crimen organizado’, que provoca mayor cantidad de muertos que los tóxicos prohibidos”.
Por su parte, el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández expresó la postura oficial frente a este tema: “Tenemos que dejarnos de eufemismos y aplicar la reducción de daños, diferenciar las sustancias ilegales de acuerdo al daño que producen y cuidar por sobre todo la salud”. Luego afirmó que el gobierno espera “casi con impaciencia un fallo muy importante, que no va a despenalizar nada sino elaborar la inconstitucionalidad del castigo penal a un usuario privado”.

INTERCAMBIOS Asociación Civil es una organización no gubernamental que desde hace 13 años trabaja en el estudio y la atención de los problemas relacionados con las drogas y concibe esta Conferencia como un mecanismo efectivo de reunión de decisores y planificadores de políticas, investigadores y miembros de la sociedad civil con el fin de mejorar las políticas actuales de control de drogas, incrementar su eficacia, viabilidad y credibilidad.

Por su parte, Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, advirtió sobre las consecuencias que han generado en América Latina las políticas punitivas: “Nos referimos al aislamiento y encarcelamiento desproporcionado de usuarios de drogas y ‘mulas’, a la persecución y empobrecimiento de poblaciones campesinas sometidas a la erradicación forzada de cultivos sin alternativas sustentables, a la violencia social y a la violación de derechos humanos básicos”, señaló.
La investigadora destacó también “los avances que se vislumbran en distintos países de la región, que están analizando reformas a sus legislaciones y a sus planes de acción, que están desarrollando propuestas más inclusivas e integrales para mejorar la atención de los problemas vinculados con las drogas”.

La conferencia se realizó con la adhesión del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la OPS, ONUSIDA y el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) entre otras instituciones. Además, es patrocinada por la Fundación Open Society Institute, la Iniciativa Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, la Embajada del Reino de los Países Bajos, la Embajada Británica en Buenos Aires y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina.

También participó en la inauguración de la Conferencia la diputada Graciela Giannetasio, presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la cámara baja. La legisladora abogó por “una política de salud que implique el tratamiento no judicializado”. Además, manifestó su preocupación por evitar que “la persecución penal de los eslabones menores encubra fenómenos de corrupción y narcotráfico”.

El encuentro apuntó a propiciar “un debate social informado con miras a impulsar políticas no punitivas, fundadas en evidencia científica, que respondan de manera eficaz a los diversos problemas asociados con las drogas” y generar un intercambio a nivel regional para “mantener actualizado el mapa sobre el consumo de drogas, problemas asociados, políticas e intervenciones en la región”.

Contexto sociocultural: pobreza, represión y biotecnología

El moderador de la mesa, Juan Machín Ramírez, integrante de la Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS) de México abrió el panel explicando que, “cuando el discurso de la guerra contra las drogas se convirtió en efectivamente una guerra, en México nos costó 13 mil muertos en 2 años y medio”. Todos los panelistas de esta primera mesa se centraron en los problemas del reduccionismo biológico, que lee el problema de las drogas como el problema del desviado que amenaza al sistema social.

La célebre criminóloga venezolana, Lola Aniyar de Castro, jurado del Premio Internacional Estocolmo en Criminología y profesora titular emérita de la Universidad del Zulia, sintentizó en cuatro productos la guerra contra las drogas: 1) ríos de sangre (el crecimiento desmesurado de la violencia por el control de los mercados y del poder político); 2) un estado paralelo; 3) incapacidad de sustituir la economía de la droga por la economía tradicional y 4) la expansión del consumo. Además, señaló como dos tareas pendientes la reflexión acerca de la distancia entre espacios de reflexión académica y los espacios políticos en el tema droga y lo difícil que es encontrar posturas legislativas críticas en Latinoamérica.

Desde la perspectiva de la genética, el profesor de salud pública de la Universidad de Columbia y consultor internacional de genética y bioética, Víctor Penchaszadeh, advirtió cómo “la biologización y la medicalización hace que distraigamos nuestra atención con respecto a los determinantes sociales de enfermedad”.

Por su parte, el argentino Vicente Galli, integrante de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y ex Director Nacional de Salud Mental, planteó que hace falta “comprender que la salud de la gente tiene que ver con como son recibidos y van recorriendo sus caminos en el mundo”. Y señaló lo absurdo de la legislación argentina actual, que “obliga al adicto a dejar la sustancia para iniciar un tratamiento, lo cual es la militarización de los tratamientos: te ordeno que te cures”.

Desde la sociedad civil

La incidencia política fue el denominador común del panel “Iniciativas políticas de la sociedad civil”, moderado por Elena Reynaga, secretaria ejecutiva de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex). La primera ponencia estuvo a cargo de Andrea Domínguez Duque, de la organización brasileña Viva Rio, cuya principal preocupación es bajar la violencia y es desde allí que llegan al trabajo en temas de drogas. Su estrategia pasa por alimentar un diálogo basado en información y no en prejuicios, creación de la Comisión Brasileña de Drogas y Democracia, que lideraron los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria, Ernesto Zedillo y articulándose en red con otras organizaciones, que trabajan el tema desde hace muchos años, como Psicotropicus, Intercambios, o el IDPC.

Bajo el título “Las iniciativas de las organizaciones sociales, alcances, límites y desafíos en los procesos de incidencia en políticas de drogas”, la titular de la Corporación Viviendo e integrante de la Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS), la colombiana Ángela Tello, planteó como desafíos para la sociedad civil “la integración entre las redes latinoamericanas, compartir resultados, fracasos, procesos, ampliar la participación en ámbitos internacionales y visibilizar experiencias”.

Desde la organización Psicotropicus, João Pedro Pádua planteó que “la sociedad civil tiene el papel de articular la esfera pública informal con la esfera pública formal para formular políticas públicas democráticas. En políticas de drogas tenemos un gran problema: “el debate público está blindado por un tabú social de casi un siglo, que es la prohibición de las drogas al ser arbitrariamente definidas como ilícitas. La esfera pública no trata del tema drogas”.

Finalmente, Graciela Touzé, presidenta de la Asociación Civil Intercambios, explicó que esta organización centra su accionar en tres objetivos: 1) promoción de iniciativas de reforma de las políticas de drogas; 2) propiciar cambios en la legislación y la política pública en materia de drogas y 3) contribuir a la consolidación de una plataforma latinoamericana de coordinación de esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales hacia la reforma de las políticas de drogas. La especialista planteó que, a nivel regional, un buen ejemplo de este tipo de iniciativas es “la coordinación que llevamos adelante para el pasado 26 de junio, día mundial de las drogas, para poder sacar un comunicado conjunto entre trece países y esto habla de un momento de mayor consenso”.

En el cierre de la mesa, la moderadora Elena Reynaga, celebró la presencia de diferentes grupos de Madres contra el Paco en el encuentro y propuso la mayor coordinación y compromiso entre los expertos y las personas que viven más duramente cada día las problemáticas, “porque las madres son mujeres comprometidas con una búsqueda de cambio para sus hijos y quienes están comprometidos con estos temas son nuestros compañeros y compañeras para cambiar esta realidad”, concluyó.

Una mirada mundial sobre las reformas en drogas

Bajo el título “Panorama Internacional de reformas de políticas de drogas: aperturas y desafíos para el futuro”, el politólogo holandés Martin Jelsma, coordinador del Proyecto Drogas y Democracia del Transnational Institute (TNI), se concentró en los resultados de la reunión de alto nivel de Naciones Unidas que revisó en marzo pasado en Viena las metas fijadas hace una década en materia de drogas: “La revisión de UNGASS concluyó con una declaración decepcionante. El sistema de control de Naciones Unidas sigue sufriendo un impasse”. Sin embargo, valoró que “el proceso llevó a varias aperturas en el debate y la falta de coherencia del sistema de Naciones Unidas está ahora sobre la mesa”.

Jelsma planteó que se reconoce que existen contradicciones entre un control de drogas represivo y el respeto a los derechos humanos, el derecho a la salud y una estrategia eficaz contra el VIH/Sida.

Con la moderación de Milton Romani, secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, el experto holandés aseveró que “las convenciones constituyen instrumentos anacrónicos repletos de contradicciones”. Y estima que, en algún momento, las convenciones deberán ajustarse a los cambios de paradigma y de prácticas que se están dando en un número creciente de países en las áreas de reducción de daños, descriminalización y políticas alternativas a la represión al menos en lo que hace a la marihuana. “Esta tendencia representa un desarrollo hacia políticas más humanas y eficaces”, concluyó.

Reformas legislativas en América Latina

En el panel sobre “Reformas legislativas en América Latina”, la coordinadora del Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja de la Jefatura del Gabinete de Ministros, Mónica Cuñarro, dedicó buena parte de su presentación a analizar las posibilidades de armonización normativa entre los países de América Latina y compatibilizar convenciones para coincidir en la persecución de los delitos asociados al narcotráfico. Sobre los consumidores de drogas, señaló: “Con estas leyes tan penalistas de nuestros países deberíamos dedicarnos a fabricar cárceles, no tenemos recursos para que todo se resuelva con grandes cárceles”.

Por su parte, el diputado brasileño del Partido de los Trabajadores, Paulo Teixeira, autor de la ley que prohíbe la patente de medicamentos de segundo uso y de la primera ley de reducción de daños en ese país, presentó un estudio publicado esta semana que analiza 391 sentencias de Río de Janeiro y Brasilia por infracciones a la ley de drogas 11.349. El estudio revela que el 56 % de los condenados estaban siendo detenidos por primera vez; el 84 % no llevaba armas; el 60,8 % estaba solo y no pertenecía a ninguna organización delictiva. El 50 % de los condenados por tráfico de marihuana estaban en posesión de menos de 100 gramos. “Estos resultados son muy similares a los que encontró Intercambios en la Argentina al analizar la aplicación de su ley de estupefacientes. El estudio demuestra que la ley de drogas brasileña aumenta el daño a los usuarios, porque en las cárceles ingresan en el crimen organizado”, señaló.

Teixeira reveló que el PT está presentando el mes próximo un proyecto de ley que pase a “un modelo democrático” en temas de drogas, con cinco puntos:
1) Descriminalización del uso y de la posesión (modelo portugués); 2) Introducción de penas alternativas para el tráfico de pequeñas cantidades de drogas, sin posesión de armas, sin asociación con organizaciones criminales y de reos primarios; 3) Diferenciación entre usuarios y traficantes; 4) Ampliar las posibilidades de reducción de daños a nuevos servicios y 5) Uso terapéutico, autorización de pequeños cultivos de marihuana y comercialización de pequeñas cantidades.

A su turno, Michelle Artieda, subsecretaria de planificación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador, explicó que están en proceso de debate de un proyecto de ley de drogas que modifique la actual, que data de 1992 y “viola el principio de legalidad, establece penas no proporcionadas y no diferenciadas. Esto quiere decir que a un acto de portar cantidades mínimas pueden sobrevenir penas graves como las que se imparten por el asesinato”. La funcionaria ecuatoriana reveló que a segunda causa de detención en el Ecuador es la tenencia de drogas, “de las 14 mil personas privadas de la libertad, 4578 estaban vinculadas a delitos por drogas, 2200 de ellas detenidas por cantidades menores a 2 kilos”.

Un primer paso que dio el gobierno ecuatoriano a fines de 2008 fue el llamado “indulto a las mulas”, una medida que liberó a 1500 personas condenadas a prisión condenada por trasladar pequeñas cantidades de sustancias prohibidas. Y ya introdujo una reforma en su Constitución Nacional para que se respeten los derechos humanos de quienes consumen.

La moderadora de la mesa, la diputada mexicana Elsa Conde Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, sintetizó las ponencias resaltando los nuevos aires en la región que cuestionan el modelo abstencionista vigente en las últimas décadas.

La atención integral a usuarios de drogas

Analizar las experiencias concretas de tratamientos fue el tema central del panel “La atención integral a usuarios de drogas”, que con la moderación de la argentina Carola Lew, asesora en VIH/Sida para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), describió las experiencias y miradas sobre el tema de Paraguay, Uruguay, Argentina y México.

“El desafío es mejorar las ofertas terapéuticas”, aseveró al iniciar su presentación Manuel Fresco, director del Centro Nacional de Control de Adicciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, quien presentó un estudio del año 2005 que revela que quienes consultan son cada vez más jóvenes, policonsumidores con un incremento de prevalencia del consumo en mujeres.

La búsqueda de los tratamientos se centra en: detener el consumo, prolongar la abstinencia, reducir los daños y recuperar la funcionalidad plena o parcial en lo personal, social y económico. “Trabajamos con metas intermedias”, aseveró Fresco.

A su turno, el joven Aram Barra, representante por México de la Red Internacional de Jóvenes para la reducción de los daños asociados al uso de drogas (Youth RISE), señaló que en la región el 20 por ciento de la población tiene entre 15 y 24 años. “Las políticas hacia los jóvenes son escasas o nulas y las medidas de prevención son a menudo insuficientes y las campañas de prevención, no están ligadas a los motivos por los cuales consumimos drogas”.

Desde Santa Fe, de Argentina, la viceministra de salud de esa provincia, Débora Ferrandini, describió la experiencia de cerrar una institución psiquiátrica cerrada, a lo que definió como intentar “una lógica diferente de los enlatados de gestión hospitalaria” y derivar a los pacientes al sistema de salud y a las familias: “Esto generó un terremoto, resistencias de profesionales, pero también mucha gente que entendió que el sufrimiento debe ser alojado y hacerle un lugar en la sala general de los hospitales”.

Portal Amarillo, Centro de información y Referencia Nacional de la Red Drogas del Uruguay es la institución creada en 2005, a partir de los cambios cualitativos que se produjeron en ese país a raíz de la irrupción de la pasta base en 2001, “que en Uruguay se constituyó en un problema de salud pública y no en un problema represivo”, planteó Susana Grunbaum, directora de la institución. “El consumo problemático es un síntoma social contemporáneo y hay un sufrimiento personal. Hay causas sociales, pero queremos también escuchar a cada persona y a cada familia”, afirmó.
En la actualidad, tras atender a tres mil personas en tres años, la institución está evaluando la situación actual de esos pacientes: “Tuvimos contacto con cien de esos tres mil. De estos cien, la mitad estaba sin consumir, el 25% con un consumo menor y el 25% con un consumo igual o peor”. Ante estos resultados, Grunbaum aclaró: “La abstinencia no es la única meta. La meta es que renueve o comience una reinserción social”.

Finalmente, Luiz Paulo Guanabara, representante de la Red Internacional de Personas que Usan Drogas (INPUD), señaló que “no es una tarea fácil en el mundo de hoy representar a usuarios de drogas, porque se trata de una minoría criminalizada”. Para ejemplificar esta situación, explicó que el 85 por ciento de la población de Río de Janeiro culpa a los usuarios de drogas del tráfico, “por lo tanto es un riesgo presentarse como usuario, puede perderse el empleo, ser mal visto por sus compañeros y familia, etc”.

Consecuencias de la guerra contra las drogas

“Si seguimos persiguiendo al que consume, seguiremos siendo funcionales al narcotráfico”, dijo al abrir el panel sobre “Consecuencias de la guerra contra las drogas” la jueza Patricia Marcela Llerena, consultora de las Naciones Unidas en temas de Lavado de Dinero. Agregó: “El proceso de lavado de dinero no está hecho por personas escondidas en medio de la selva, sino por personas que entienden cuál es el grado de corrupción funcional para derivar el dinero proveniente de la actividad ilícita y que caminan por nuestras ciudades”.

Otra consecuencia de la guerra contra las drogas es el incremento de la población carcelaria. A esto se refirió el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nro.1 de la Capital Federal argentina, Martín Edgardo Vázquez Acuña, quien afirmó: “Los jueces no tienen herramientas efectivas y mucho menos la posibilidad de la inclusión social de esta población intramuros”. Luego señaló que desde el Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja de la Jefatura del Gabinete que también integra, señalaron que “no puede haber parcelas, una política dentro de lo penitenciario y otra de salud, sino que la política la debe fijar el Ministerio de Salud”.

En el contexto de América Latina, los efectos para las poblaciones de Colombia, Perú y Bolivia, los tres países productores del el cien por ciento de la cocaína mundial, fueron analizados por el boliviano Dionicio Núñez Tangara, coordinador de Coca y Soberanía, y el experto peruano Hugo Cabieses, director del Desarrollo Rural Sustentable.

El dirigente cocalero explicó que, tras la asunción de Evo Morales como presidente de Bolivia, se diseñó una estrategia de lucha contra el narcotráfico con una visión de respeto de los derecho humanos”. Bolivia propone que la hoja de coca se legisle como un producto agrícola, patrimonio del Estado boliviano, “muy alejada de las sustancias controladas”. Núñez Tangara explicó que en la legislación vigente “el productor de coca es lo mismo que un narcotraficante”.

La nueva estrategia de control de producción de hoja de coca para el narcotráfico incluye reducir los cultivos en forma controlada por las mismas organizaciones cocaleras. “Nuestra voluntad es estabilizar el cultivo en 20 mil hectáreas: 12 mil para consumo interno, norte de Argentina y Chile y 8 mil para productos industriales. Según el monitoreo de Naciones Unidas hay 30 mil, que podemos reducir a partir de la nueva ley de coca, que estamos delineando las mismas federaciones cocaleras”, explicó.

La guerra andino amazónica, el Plan Colombia, el Plan Dignidad de Bolivia antes de que asumiera Evo Morales y la persecución en Perú fueron analizadas por el experto peruano Hugo Cabieses, quien presentó cifras contundentes: “En 1992 las hectáreas cultivadas entre Perú, Bolivia y Colombia eran 11.500, en 2004 se habían reducido apenas a 11.000. Esto significa que, bajo el pretexto de la lucha contra las drogas, están militarizadas las fronteras de nuestros países. Estos planes no aumentan los espacios democráticos, al contrario los restringen”.

Moderó el panel Mauricio Zorondo de Chile, Secretario Ejecutivo de la Escuela Nacional de Estudios y Formación en Abordaje de Adicciones y Situaciones críticas asociadas (EFAD)

Geopolítica: la criminalización de los estados en América Latina

Uno de los epicentros de la guerra contra las drogas fue la región andina. Diversos estudios señalan que esta guerra no se orientó a combatir el tráfico y consumo, sino que adquirió connotaciones de carácter ideológico y económico. Con esta explicación abrió el panel “Geopolítica de las drogas”, que tuvo como expositores a expertos de Bolivia, Colombia y Argentina, con la moderación de Horacio Cattani, juez argentino de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

“Desde Estados Unidos, la estrategia fue la erradicación de cultivos con varios instrumentos: la DEA y la CIA. El resultado no fue el buscado: no se logró erradicar, pero sí se intensificó la represión, especialmente con el llamado Plan Dignidad. Ese plan, sólo en 2002, se cobró 14 heridos y 10 muertos en el marco de las políticas de ‘coca cero’”, reveló el boliviano Froilán Castillo Siles, jefe de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID). Para el especialista, ante este panorama “cabe preguntarse si el enfrentamiento fue contra el tráfico o contra los productores y la hoja de coca”.

Castillo Siles concluyó: “La asunción del presidente Evo Morales, producto de la acumulación de una lucha histórica, permite que estemos en un camino que va en armonización, de descolonización del Estado y descolonización de las políticas contra las drogas”.

A su turno, el colombiano Ricardo Vargas Meza, director de Acción Andina y miembro asociado del Transnational Institute (TNI), dedicó su exposición a demostrar cómo los datos presentados por Naciones Unidas en relación con la efectividad del Plan Colombia (que muestran una reducción en dos años del 28 por ciento de la producción de cocaína) son cuestionables en función de la metodología utilizada. Según explicó, a fines de la década de 1990 la rendición de cocaína pura por hectárea se calculaba en 4,2 toneladas y en 2008 había pasado a 5,3 toneladas “Hay una trampa grande, porque al incluir la rendición por hectárea se descubre que la reducción fue del 16 % y no de un 28% como aparece en las estimaciones usando los estándares de Naciones Unidas”, afirmó.

“Los datos trabajados de esta manera tienen un sentido muy político. El tema del éxito del Plan Colombia justifica la estrategia represiva sobre la región”, advirtió Vargas Meza. Concluyó: “El problema del narcotráfico en Colombia y en el resto de América Latina no obedece a la ausencia de Estado sino que se relaciona más con un proceso de criminalización del Estado”.

El cierre del panel estuvo a cargo de Juan Gabriel Tokatlian, profesor e Investigador de la Universidad Torcuato Di Tella de la Argentina, quien analizó el contexto internacional actual y definió el régimen político de los fenómenos de las drogas enraizado en la dinámica global. Cuestionó las motivaciones que llevan a que se haya justificado toda una guerra en un 0,1 por ciento de la población con usos problemáticos de drogas a nivel mundial.

Y realizó tres recomendaciones: 1) regulaciones moderadas, estableciendo diferencias según el tipo de drogas; 2) exigir coherencia entre las políticas de derechos humanos, ambientales y de drogas y 3) incorporar la diplomacia ciudadana que realiza la población organizada para cuestionar las políticas actuales y proponer alternativas.

¿Nuevos vientos en América Latina?

La I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas insumió dos jornadas intensas, en las que en forma paralela a las mesas de debate, se produjeron cuatro reuniones satélite. La Red Americana de Intervenciones en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS) coordinó un encuentro con organizaciones integrantes de la Red Iberoamericana de Organizaciones que trabajan en Drogodependencia (RIOD) y con Intercambios para alcanzar una articulación y armar una agenda en común para la región. Luego, el miércoles 5 de agosto por la tarde, tuvo lugar una reunión entre funcionarios de gobierno, expertos y representantes de ONGs latinoamericanos con el fin de fortalecer el diálogo y concertar iniciativas. Por último, el viernes 7 de agosto por la tarde, se concretaron el encuentro entre usuarios de drogas y reductores de daños de la región, en vistas a ampliar la participación latinoamericana en la Red Mundial de Usuarios de Drogas y un encuentro de la Red de jóvenes comprometidos con la reducción de daños.
En el cierre de la I Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas, Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, sintetizó los dos días de encuentro: "Quizá por primera vez podemos decir que se siente un aire real de cambio en la región. Ojalá este sea el inicio de un proceso de trabajo que mejore las condiciones de nuestras poblaciones y las políticas de drogas para América Latina".

Link para ver todos los boletines, fotos, comunicados de la Conferencia:
http://www.conferenciadrogas.com/?page_id=52

La guerra de las drogas: cien años de crueldad y fracasos sanitarios - Ibán de Rementeria

2009-08-07T19:44:00.000-04:00

El fracaso humanitario de la guerra
de las drogas es evidente. Partiendo de esta base, el artículo analiza la lógica
profunda de esta guerra: desde el éxito
de las drogas en sociedades altamente ansiógenas hasta la función de
control social y político que tal guerra
desempeña. Y las externalidades
negativas (los tremendos costos
en términos de violaciones a los derechos humanos) y positivas (sus efectos
redistribuidores en los campesinos pobres y los microtraficantes urbanos). En suma, la guerra de las drogas, que ya lleva
cien años, genera costos humanos mucho mayores que los beneficios sanitarios
que supuestamente debería producir.

Ibán de Rementería: francés nacido en 1944. Estudió Filosofía en la Universidad de Chile y Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes, Bogotá. Ha sido profesor de la Universidad de Chile, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes. Experto en drogas, desarrollo alternativo y seguridad ciudadana. Funcionario y consultor de la Organización de las Naciones Unidas (onu), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (gtz) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (iica) en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, y de los gobiernos de Colombia, Portugal y Chile.
Palabras claves: drogas, guerra, sociedad, economía, América Latina.
Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad No 222,
julio-agosto de 2009, ISSN: 0251-3552, .

La crueldad de las guerras de las drogas es indudable; no se trata ni de una metáfora ni de una figura alegórica, como la guerra contra la pobreza, el hambre o el cáncer. Los costos humanos –en muertos, heridos, discapacitados, etc.– son mucho mayores que los supuestos beneficios sanitarios que tal guerra ha generado en los usuarios, los dependientes y los adictos, así como en sus entornos familiares, comunitarios y sociales.
Este artículo propone una evaluación rápida que no pretende ser exhaustiva pero sí comprehensiva. Consideraremos los siguientes aspectos: el éxito de las drogas en la sociedad contemporánea; el éxito político de la guerra de las drogas; el fracaso sanitario y humanitario de esta guerra y las externalidades negativas que genera; la capacidad redistributiva de las drogas en el orden económico y social (es decir, las externalidades positivas de la guerra de las drogas); y, finalmente, las expectativas: el conflicto entre el nuevo gobierno estadounidense y la burocracia nacional e internacional que gestiona la guerra
de las drogas.

El éxito de las drogas■ ■
El éxito de las drogas radica en su capacidad ansiolítica en el marco de una sociedad altamente ansiógena como la contemporánea. Son las dudas inespecíficas y los temores inciertos de las clases medias de Occidente –incluido el «socialismo realmente inexistente» del otro lado de la Cortina de Hierro– los que provocan cada vez más ansiedad, junto con otros trastornos mentales o de la conducta. Esto, que se expresa en el arte moderno, el psicoanálisis y el pensamiento existencialista, ubica a las drogas como «farmacopea del alma» y las pone en el tapete de la salud mental.
Al terminar el siglo xx, el derrumbe del socialismo y el fin del Estado de Bienestar en Occidente hicieron que ya no sea solamente el fantasma de la mera «experiencia de la nada» el que recorre el mundo. En la actualidad, el contexto está marcado por la certidumbre efectiva de la precariedad laboral y el desempleo, la expectativa de la marginalidad y la pobreza urbana, así como del padecimiento de la exclusión y la intolerancia cultural, la subordinación
y el sometimiento político, causados por la «nueva economía», la farandulización
de la participación política y la globalización cultural inasible localmente; estas son las condiciones reales y cotidianas en que el consumo de drogas cumple su función de utilidad mediante el uso funcional, festivo y eufórico de estas sustancias, tal como sucede con el consumo de alcohol entre los pobres, las mujeres y los niños cuando han sido puestos al límite de su resistencia física y mental.
El éxito de las drogas reside en su capacidad de mantener alerta para el trabajo,
asegurar el reposo en el descanso y ayudar a asumir el dolor en el duelo: esa es su función de utilidad, su valor de uso y su capacidad competitiva en el mercado (su valor de cambio). Si los cereales son la panacea de las culturas agrícolas (alimentos de fácil producción y asimilación) y si el azúcar y el alcohol
lo son para el capitalismo industrial (calorías para trabajar), las drogas son el elixir de la sociedad posindustrial (¿reconstituyentes del alma?).

Pero así como la sexualidad, imprescindible para la reproducción humana, debe ser controlada para controlar integralmente a sus portadores, también el elixir frente a la ansiedad posindustrial y posmoderna debe ser regulado: como dicen los farmacólogos expertos, el problema no es su disponibilidad en la farmacopea contemporánea, sino su «uso indebido y su consumo abusivo
». Las drogas, además de ser una necesidad –del alma– para las víctimas de la posmodernidad y la globalización, son un deseo para quienes el disfrute del placer, que vale en sí mismo, es una expresión de su éxito; ese es el prestigio que la droga otorga.

El éxito político de la guerra de las drogas: las drogas como ■ ■ instrumento del control social y político

No hay mejor metáfora de la posmodernidad y la globalización ni mejor revelación de las carencias y las violencias de nuestra contemporaneidad que el consumo y el control de las drogas, que son la peste y la guerra por excelencia.
La declaración de la peste establece la emergencia y convoca a toda la comunidad a la lucha contra lo extraño, lo externo, lo traído de afuera. No hay mercado más global que el mercado de las drogas, que desde siempre ha traspasado fronteras y controles; es el contrabando por excelencia.
La guerra de las drogas es la forma encubierta de controlar a toda la sociedad, pero sobre todo a sus segmentos más vulnerables, mediante el uso organizado de la violencia pública y social, el poder penal y el poder mediático. Está claro que la criminalización de las drogas tiene como finalidad la criminalización
de los pobres, los jóvenes, las mujeres, los migrantes y otras minorías: las más vulnerables y, por lo tanto, las más peligrosas. Los pobres del campo –los campesinos del Tercer Mundo– se han criminalizado sobreviviendo gracias al cultivo de sustancias ilícitas, mientras que los pobres de la ciudad se han criminalizado trabajando en la provisión minorista de drogas (el microtráfico). Esto es particularmente cierto para los jóvenes, que suelen presentar índices de desempleo y pobreza que duplican o triplican los de los adultos, y en especial para las mujeres, más pobres que los hombres y obligadas a conducir casi la mitad de los hogares monoparentales, muchas veces sobreviviendo con sus familias mediante la pequeña provisión de drogas.
La violencia social desatada para controlar las drogas –que recae sobre quienes las consumen y proveen– no es simplemente el resultado del afán de audiencia y ventas de los medios de comunicación: es una política diseñada y recomendada por expertos en salud y comunicaciones, implementada y ejecutada por instituciones públicas, cuya finalidad supuesta es la salud y la información veraz.
El ejemplo más paradigmático del uso político-militar de la guerra de las drogas es la historia reciente de Colombia, donde la ayuda militar de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico fue utilizada
para enfrentar a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), el Ejército de Liberación Nacional (eln) y otras organizaciones menores. Lo más importante ha sido la derrota político-diplomática de estas organizaciones, no debido al hecho de que hayan sido declaradas terroristas, sino a que son consideradas un cartel más del narcotráfico. Es esto lo que les ha quitado cualquier legitimidad y respaldo solidario internacional.
Por supuesto, esto descansa en que las fuerzas subversivas controlan la producción de drogas en los territorios que dominan militarmente, del mismo modo que los paramilitares controlan esas actividades en alianza con las fuerzas regulares en los territorios que controlan o disputan con las fuerzas de la guerrilla.
La guerra de Afganistán es otro caso paradigmático de la utilización de las drogas para controlar una nación y dominar un territorio. Las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan), encabezadas por eeuu, derrotaron a los talibanes, que habían asumido el poder luego de la derrota de las fuerzas soviéticas de ocupación en alianza con los «señores de la guerra», quienes también habían luchado contra los soviéticos (aunque en este caso porque eran los señores de las drogas). Mal que bien, por razones de moral religiosa, los talibanes habían logrado detener, a sangre y fuego, la producción de amapola y opio, que durante el periodo en que ejercieron el gobierno cayó 80%. No hay que olvidar que la legitimidad internacional para invadir Afganistán se logró al responsabilizar a los talibanes de brindar protección a Al Qaeda y a su líder, Osama Bin Laden, algo que ni ellos reconocieron ni nadie ha probado. En cualquier caso, una vez derrotados los talibanes, con un gobierno títere en el poder en Afganistán, la producción de amapola y opio se recuperó y volvió a sus promedios históricos. Hoy se produce allí 80% de la oferta mundial de amapola. En el medio, los talibanes aprendieron su lección histórica y ya no persiguen los cultivos de amapola y la producción de opio en los territorios de Afganistán y Pakistán que controlan.
La guerra de las drogas en México ha adquirido dimensiones «mexicanas»: se ha tornado grandilocuente y feroz. Esto pareciera ser el resultado de la sustitución de los colombianos por los mexicanos en la conducción del tráfico internacional de drogas, derrotados aquellos luego de la guerra contra los carteles. Además, la proximidad con el mayor mercado consumidor, eeuu, es una ventaja comparativa importante para los mexicanos. Sin embargo, la colindancia con el mayor mercado de drogas del mundo muestra cada vez más cuáles son los actores reales en el rol de los traders & dealers. No hay por qué seguir suponiendo que las mafias estadounidenses no están interesadas o no se atreven a disputar un negocio que concentra cerca de la tercera parte de lo que pagan los consumidores de drogas a las mafias latinas, antes colombianas y hoy mexicanas, como lo suponen los guionistas de Hollywood.
La mejor manera de controlar el consumo en el mercado es estigmatizar a los usuarios de drogas mediante el procedimiento de reducir todos los usos a los pocos casos más peligrosos. En la historia del poder político, la guerra contra las drogas es el mejor ejemplo de cómo instalar el miedo como instrumento de control social y político, mucho más universal que la guerra contra el terrorismo o la guerra contra el crimen organizado. No es casualidad que la actual estructura de ejecución de las políticas de drogas de la onu se ocupe también de estos asuntos. Este miedo se muestra más eficaz y eficiente que el miedo a Dios o al Partido como conciencia ética y ordenador moral de la sociedad y el Estado. La droga es el deus ex máchina, el gran constructo que permite explicar todos los problemas y males de la sociedad contemporánea, sus orígenes y causas últimas: la delincuencia, la rebeldía juvenil, la insubordinación de las poblaciones pobres, la desobediencia de las mujeres, las malas conductas de los inmigrantes, la disolución de la familia, etc. Los tres grandes instrumentos de control social y político de la sociedad occidental han sido los siguientes: en la Edad Media, el control de la fe; en la Modernidad, el control de la sexualidad. La Edad de la Razón fue y es un velo malicioso que encubre la sexualidad como disfrute –psicoanálisis versus moral victoriana– y el control del consumo y la provisión de drogas de la actualidad: la guerra de las drogas es la espada violenta contra el disfrute del placer sensible y la paz psicológica que estas otorgan a sus usuarios –su función de utilidad–, en una sociedad que solo genera en sus ciudadanos ansiedad y miedo.

El fracaso sanitario y humanitario de la guerra contra las drogas: ■ ■ las externalidades negativas

El mayor fracaso de la guerra de las drogas no radica simplemente en su descalabro para controlar el consumo y la provisión, sino en haber criminalizado ambos, lo cual ha generado y genera costos humanos y materiales muy superiores a cualquier daño o costo asociado al consumo de drogas. A fines del siglo pasado, morían en eeuu entre 50.000 y 60.000 personas por conflictos relacionados con la provisión de drogas, mientras que los usuarios que morían debido al consumo abusivo oscilaban entre 8.000 y 14.000.
Tanto es así que ya existe una consistente corriente de opinión que considera que lo más grave no son los efectos de las drogas sino las actuales políticas de prevención y control, como lo ha manifestado la comisión integrada por los ex-presidentes de México, Ernesto Zedillo, de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y de Colombia, César Gaviria. El ex-presidente de Chile, Ricardo Lagos, no se incorporó al grupo, pero luego respaldó sutilmente esta apertura, pese a haber promulgado durante su mandato una de las leyes de drogas más represivas que se conocen, que se ha mantenido vigente durante la presidencia de su sucesora, Michelle Bachelet. Esta ley establece que la marihuana es una droga dura que debe ser perseguida con igual fuerza que la heroína, lo cual alimenta la silenciosa guerra que la sociedad les ha declarado a los jóvenes, que justamente constituyen la mayor parte de los consumidores de marihuana. Para entender la importancia de esta legislación hay que tener presente que 75% de los usuarios de drogas ha dejado de serlo, mientras que solo ha logrado dejar los psicofármacos 57%, el tabaco, 35%, y el alcohol, 15%. Es decir, de las sustancias empleadas con fines ansiolíticos, las drogas son las que menos dependencia generan.
La guerra de las drogas se apoya en el supuesto de que el mercado de los estupefacientes se caracteriza por la inelasticidad de la demanda al precio. Es decir, que los usuarios van a seguir comprando drogas aun cuando el precio aumente. Pero esta teoría resultó ser falsa, derivada de la confusión y el desconocimiento: la mayor parte de los usuarios de drogas no son ni dependientes ni adictos; por lo tanto, la conducta mayoritaria es elástica a los precios. El argumento racional fundante de la guerra de las drogas es controlar violentamente la oferta como modo de elevar los precios y así disuadir el consumo: pero esto genera terribles resultados porque los proveedores saben perfectamente que, si los precios suben, las ventas caerán, pues la demanda es elástica. La guerra de las drogas es esencialmente una guerra de precios. Pese a estas evidencias, la guerra contra las drogas continúa. Y es que es consustancial a la Modernidad. Tanto es así que el primer tratado de cooperación y la primera normativa multilateral con voluntad y proyección planetaria es la Convención Internacional sobre el Opio, de 1912, el antecedente tanto de la antigua Sociedad de las Naciones como de la actual onu.

La capacidad redistributiva de las drogas: las externalidades positivas■ ■

Se pueden hacer muchos discursos denunciando que el narcotráfico ha sostenido económicamente tanto a la subversión de origen campesino y la proveniente de los sectores medios urbanos empobrecidos como al paramilitarismo, que la enfrenta en su mismo terreno y con sus mismos métodos. Esto es cierto, por supuesto, pero también es verdad que la producción y el tráfico de drogas han jugado un rol determinante en el mantenimiento del ingreso de los campesinos y del sector rural en general. Lo mismo puede decirse respecto del ingreso de las poblaciones urbanas más empobrecidas y el del sector informal de la economía, que las proveen de bienes y servicios a precios accesibles. Expertos británicos han atribuido la disminución de los delitos contra la propiedad registrada en ese país a la reconversión de los delincuentes comunes en agentes y operadores en el mercado de las drogas.
La segmentación entre los actores de la provisión ilícita de drogas y su participación en el valor agregado pagado por los consumidores revelan algunos datos centrales. Para el caso de la hoja de coca y la elaboración, la distribución y el consumo de cocaína, los campesinos cocaleros, que son cientos de miles, y los acopiadores y compradores locales de sus derivados, que son unos pocos, se apropiaban, según los datos de fines del siglo pasado, de apenas 1% de lo pagado por los consumidores. Mientras tanto, los carteles de contrabandistas internacionales, que son unos cuantos, se quedaban con 13%; los importadores y distribuidores mayoristas en los mercados locales de consumo –traders & dealers– , que son también unos pocos pero muchos más que los contrabandistas, se quedaban con 27%. Finalmente, los expendedores minoristas, los microtraficantes –pushers–, que nuevamente son cientos de miles, participan con 57% del valor final de la cocaína. Las incautaciones solo llegaban a 3% del valor agregado total. Está claro que los campesinos, como siempre, pierden, y el «imperio», como siempre, gana. En el segmento del microtráfico se verifica el gran poder redistribuidor del ingreso del mercado de drogas, ya que en este tramo, por razones de seguridad, no es posible organizar el negocio del retail, como sucede con las grandes cadenas de supermercados que se llevan la parte del león de la producción y comercialización de los productos y mercancías lícitas, sea de calzones, hamburguesas o medicamentos.
La desventajosa situación de los campesinos se agrava por algunas políticas implementadas en las últimas décadas. En Colombia, el gobierno de César Gaviria (1990-1994) acabó con cualquier protección a la agricultura nacional permitiendo la importación y la competencia desleal de la producción agrícola subsidiada de los países desarrollados, sobre todo en el caso de los cereales, que son el componente básico de la alimentación humana y la crianza animal (y, por lo tanto, del abaratamiento de la carne). Los alimentos baratos son determinantes en el mantenimiento del orden público urbano, sobre todo cuando la mayor parte de la población «en situación de riesgo» vive en la ciudad y no en el campo. La coca salvó a los campesinos y a la agricultura colombiana de las importaciones agrícolas subsidiadas en sus países de origen. Esto le dio a Colombia el predominio en la producción de hoja de coca sobre Perú y Bolivia.
En Perú, el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) sinceró la economía y acabó con la agricultura lícita. Como en Bolivia, la coca permitió a los campesinos de la selva alta de la región andino-amazónica sobrevivir. Fujimori y muchos de sus funcionarios terminaron en la cárcel, no solo por permitir
o formar parte del tráfico de drogas, sino también por sus vinculaciones con el tráfico de armas para las farc.
Teniendo en cuenta estos datos, la externalidad positiva de la guerra de las drogas es haber logrado generar ingresos para los sectores marginales rurales, que sobreviven gracias a la producción de los cultivos ilícitos, y para los excluidos urbanos, que lo hacen gracias a su distribución y microtráfico, en particular las mujeres y los jóvenes.
Pero hay otras externalidades positivas. En los 90, los cultivos ilícitos equivalían a 14% del producto agrícola total en Perú y a 8% en Bolivia. La eficacia en el uso de los recursos de esta actividad es alta, ya que solo empleaban 3% y 1,5% de sus respectivas áreas agrícolas totales. Por eso, la segunda externalidad positiva de la guerra de las drogas es su impacto positivo en el medio ambiente: en la región andino-amazónica, conformada por Bolivia, Colombia y Perú, los cultivos de drogas solo ocupaban 1,7% del área agrícola total y apenas habían participado con 4% de la pérdida de bosques.
El éxito de la provisión de drogas es tal que se ha producido una «cultura narco» o «narcocultura», un conjunto de valores éticos, políticos y simbólicos, una gramática y un léxico, por medio de los cuales los narcotraficantes y sus asociados se dirigen al Estado y la sociedad; hay una manera narco de hacer negocios, muy rentable en la confianza y sanguinariamente implacable en el incumplimiento y el engaño. Es más, hay una «estética narco» que cierra este conjunto valórico: hay «narcocorridos» en México; los niños de la ciudad de Tingo María, en el Alto Huallag de Perú, representan una obra de teatro escolar llamada La Mancada de Felipe, que narra la vida y muerte de un narcotraficante local; en las barriadas de Buenos Aires se cantan canciones «narcovilleras», en los cementerios de Santiago de Chile los narcotraficantes locales son despedidos por sus parientes, socios, amigos y dependientes con salvas de armas de fuego, al mejor estilo de Pablo Escobar. Los jóvenes de los sectores populares de todo el mundo, que sufren un desempleo entre el doble y el triple que el promedio, con una educación que no les garantiza un trabajo decente, son reclutados por los narcotraficantes locales, o al menos asumen sus costumbres y sus modas. En suma, toda una ética y una estética narco, para horror de las autoridades, las personas honestas y algunos intelectuales biempensantes, aunque sea absurdo pretender tener drogas baratas en un marco de guerra declarada y no darles un espacio y unas normas de actuación y expresión a sus gestores.

Las expectativas en la guerra de las drogas: el conflicto entre el nuevo ■ ■ gobierno estadounidense y la burocracia nacional e internacional

El nuevo zar de las drogas en eeuu designado por Barack Obama, el director de la Oficina para la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, dio por terminada la guerra de las drogas. Sin embargo, el presidente norteamericano duda sobre si financiar o no los programas de intercambio de agujas para los usuarios de heroína con el fin de prevenir el sida. Poco tiempo atrás, en la revisión de los diez años del programa de control de drogas de la onu, eeuu mantuvo su postura de no permitir la introducción de medidas de reducción de daños en los programas de prevención
de drogas, seguramente para sostener la alianza con sus socios en las posiciones duras sobre drogas, como Rusia, otros ex-países socialistas, los Estados musulmanes y algunos gobiernos autoritarios de Asia y África. En las últimas elecciones en las que se renovó la mitad de los miembros de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas (jife), órgano semijudicial encargado de vigilar la aplicación de las convenciones internacionales sobre drogas, eeuu respaldó a los candidatos más conservadores y reticentes a las prácticas de reducción del daño. Esto implica la primacía de los compromisos políticos de intercambio de favores en los diversos organismos de la onu con sus aliados tradicionales y los intereses particulares de los funcionarios nacionales e internacionales.
Para decirlo en breve, la última resistencia a innovar las políticas internacionales de drogas y pasar del discurso y la práctica de la guerra a un trato sanitario y humanitario, de respeto a los derechos humanos, como se viene haciendo en buena parte de Europa, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, así como en algunos países de América Latina como Argentina y Brasil, ya no reside en la posición de eeuu, sino en la resistencia de sus aliados, su burocracia y la burocracia de las Naciones Unidas.

Como apagar incendios con parafina: Ejercito contra los carteles de las drogas. Las geniales recetas del Panzer

2009-06-29T13:26:00.004-04:00

Insulza admite que la estrategia contra las drogas no ha sido exitosa

Justificó el uso del ejército para luchar contra los carteles del narcotráfico.

Non sempre il fumo fa male - Aggiornamento del 18 febbraio 2001

2009-06-28T00:03:00.000-04:00

Rai.TV - Report 2008-09 - Non sempre il fumo fa male - Aggiornamento del 18 febbraio 2001

Consumo Cuidado 2

2009-06-27T18:48:00.000-04:00

Sexo y Alcohol

2009-06-27T18:46:00.000-04:00

Stop the Drug War

2009-06-27T16:33:00.001-04:00

http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=13237193

R.NEWCOMBE LA REDUCCIÓN DE LOS DAÑOS RELACIONADOS CON LADROGA:

2009-06-27T16:18:00.000-04:00

UN MARCO CONCEPTUAL PARA LA TEORÍA, LA PRÁCTICA Y LA INVESTIGACIÓN

INTRODUCCIÓN

La reducción de los daños —también conocida como limitación de daños, reducción del riesgo o minimización de los daños— es una política social que da prioridad al objetivo de disminuir los efectos negativos del uso de drogas. Esta estrategia se está convirtiendo en la principal alternativa a los enfoques basados en la abstinencia, cuyo propósito principal es disminuir la frecuencia o incidencia del consumo de sustancias Léxicas. Los antecedentes de la reducción de daños se sitúan en el modelo sanitario científico, con raíces más profundas en el humanitarismo y el libertarismo. Por tanto, contrasta con la teoría de la abstinencia, que se arraiga más en el modelo punitivo de aplicación de la ley y en un paternalismo médico y religioso.

La asistencia sanitaria, la justicia penal y los servicios educativos pueden especializarse en cualquier estrategia (por ejemplo, el intercambio de jeringas comparado con la rehabilitación) o pueden combinar ele¬mentos de ambas propuestas (por ejemplo, prescripciones clínicas flexibles que ofrecen desintoxicación y mantenimiento). No obstante, en algunos campos (por ejemplo, educación sobre drogas en la escuela), el modelo de la abstinencia tiene un monopolio casi total, Más que usar cualquier estrategia no fiable, los responsables administrativos y los proveedores de servicios deberían controlar y evaluar su efectividad en alcanzar las metas y los objetivos. Sin embargo, mientras que las intervenciones centradas en la abstinencia son relativamente fáciles de evaluar (a saber, a cuántas personas se les puede impedir empezar o continuar el consumo de drogas), en las intervenciones dirigidas a disminuir los efectos negativos es necesario seleccionar un subgrupo de metas deseadas a partir de una matriz de opciones posibles de reducción de daños.

Los objetivos de la reducción de daños son también jerárquicos; esto es, tienden a disminuir los efectos negativos de una forma variada. La secuencia más conocida de una meta es la aprobada por el Consejo Consultivo sobre el Abuso de Drogas del gobierno británico (1988, 1989) como estrategia para reducir la transmisión de la infección por VIH entre y desde adictos a la droga por vía parenteral (ADVP). A saber: dejar de compartir el equipo de inyección; pasar de la vía intravenosa a la vía oral; reducción cuantitativa del consumo; y, finalmente, la abstinencia. Se pueden añadir otras submetas en varios puntos de la jerarquía: por ejemplo, limpiar el equipo de inyección antes de compartirlo, reducir el número de personas con quien se comparte el material, o cambiar de drogas inyectables ilegales a prescritas- Podemos hacer una analogía con el sistema de seguridad del acróbata; si una red falla, hay otra debajo de la anterior.

No obstante, antes de que podamos clasificar las metas de la reducción de los daños y medir la eficacia de las intervenciones para conseguirlas, es necesario decidir qué daños queremos reducir; un proceso que inevitablemente estará basado en una compleja mezcla de metas organizativas, de creencias morales y de análisis racional. Este capítulo intenta desarrollar un modelo conceptual inicial para profesionales que teoriza, pone en práctica y evalúa las intervenciones de este modelo con usuarios de drogas. Aunque este modelo puede tener una validez limitada, desde una óptica optimista esto debería ser un trampolín para que otros puedan desarrollar marcos conceptuales más sofisticados (para primeros desarrollos, ver Newcomhe, 1987a, b, c, 1988, 1989; Parker vt al. -, 1988).

Para desglosar el concepto de reducción de daños, primero necesitamos distinguir entre las causas y los efectos del uso de la droga, o, mas claramente, las clases de conducta que son conocidas o sospechosas (le producir tipos concretos de consecuencias (resultados), Riesgo es un término utilizado para describir la probabilidad que tiene la conducta de tomar drogas, de causar alguna de las diferentes consecuencias, Daño y beneficio son términos complementarios utilizados para describir si una consecuencia concreta es vista como negativa (indeseable) o positiva (deseable). En el próximo apartado se considerarán los conceptos de efectos dañinos y beneficiosos de dicha conducta y las intervenciones afines. En el siguiente se examinarán los componentes del riesgo, y el apartado final irá más allá de la dimensión de las consecuencias para considerar cómo podemos interpretar y responder a los resultados de las intervenciones de la reducción de daños.

DAÑOS Y BENEFICIOS

Las conductas de tomar drogas que se sabe o se cree que son arriesgadas (por ejemplo, mezclar alcohol con heroína) es más probable que tengan efectos dañinos (por ejemplo, sobredosis), mientras las menos arriesgadas (por ejemplo, consumo moderado de alcohol únicamente) es más probable que se asocien con efectos neutros o incluso beneficiosos (por ejemplo, aumento de la longevidad). Bastante a menudo se puede decir que estas conductas, desde la mayoría de las perspectivas, dan como resultado un complejo patrón de efectos negativos, positivos y neutros (por ejemplo, fumar tabaco ayuda a concentrarse pero disminuye la eficacia del pulmón). Además, decidir si las consecuencias concretas del uso de drogas son daños, beneficios o de valor neutro, depende de la ética y de los valores de las personas que toman la decisión.

Hablando en términos generales, un cambio (por ejemplo, incremento) a nivel de un daño puede ser reinterpretado como el mismo cambio opuesto (por ejemplo, disminución) a nivel de beneficio, lo que sugiere que puede ser más exacto hablar de optimizar consecuencias, que incorpora reducción de daños y aumento de beneficios. Si bien es probable que se llegue a un consenso acerca de la conveniencia de que haya más consecuencias para más personas, hay algunas consecuencias que separarían a las personas de diferente creencia política o ideológica; por ejemplo: la prescripción de opiáceos suele apaciguar a los jóvenes sin empleo de las ciudades; el uso de drogas psicodélicas propicia nuevas formas de arte; no penalizar el uso de cannabis conduce a una reducción del consumo de alcohol o cola esnifada en edades tempranas. De un modo más general, el verdadero concepto de efectos beneficiosos del uso de drogas psicoactivas ilegales parece estar comúnmente rechazado por los responsables administrativos, de los cuales, sorprendentemente, pocos han hecho el salto conceptual de reducir la frecuencia del uso de drogas a reducir la prevalencia de daños relacionados con las drogas.

Se puede suponer que el actual punto de partida moral lo sostienen por consenso la mayoría de los profesionales de la salud y de lo social y las autoridades de Occidente, si bien las restricciones espacio/tiempo imposibilitan que hagamos aquí un análisis más detallado de este punto de vista. Es importante desarrollar conceptos precisos porque esto nos permite medir la efectividad de las intervenciones de reducción de daños, y la medida es la base de la evaluación. Daños y beneficios se pueden organizar de acuerdo con muchos esquemas, dependiendo de los objetivos de quien los clasifica y de la tolerancia a la complejidad. La Figura 1,1 muestra un útil diagrama bidimensional que presenta nueve categorías de las consecuencias de tomar drogas desde tres importantes dimensiones de tipo y de nivel (los orígenes de este proyecto conceptual se pueden encontrar en Newcombe, 1987a, b, c, 1989, Wor-kingParty on Harm Minimizalion, 1989).

TIPO
TIPO

NIVEL
Salud
Social
Económico

Individuo

Comunidad

Sociedad

Figura 1.1 Clasificación de las consecuencias del uso de drogas

La dimensión tipo daño/beneficio para la salud incluye el alcance y el tipo de trastorno, estado físico, lesiones, condiciones médicas, salud mental y problemas psiquiátricos; daño/beneficio social incluye el alcance y tipo de agresión/afiliación, orden/desorden público, grupo de conflicto/cohesión e integración/marginación; daño/beneficio económico se refiere al alcance y clase de variables financieras, incluyendo deudas, delito codicioso y economía nacional.

La dimensión nivel daño/beneficio individual se refiere a las consecuencias para el usuario de drogas; daño/beneficio comunitario se refiere a las consecuencias para la familia, amigos, vecinos y/o compañe-ros del adicto; daño/beneficio social se refiere a los efectos sobre las estructuras y organizaciones sociales (por ejemplo, servicios de salud, sistema de justicia penal, libertades civiles, cultura, economía).

Por ejemplo, un caso de cirrosis hepática por uso excesivo de alcohol puede ser clasificado como un daño a la salud individual, la estigmatización de los familiares de los usuarios puede ser clasificada como un daño social comunitario, y el coste de la aplicación de la ley de drogas puede ser clasificada como un daño económico social. De manera similar, un nivel reducido de ansiedad social motivado por el consumo de alcohol puede ser clasificado como un beneficio social individual; un menor porcentaje de infección por VIH ocasionado por el hecho de que los ADVP no compartan el equipo de inyección puede clasificarse como un beneficio a la salud comunitaria; y el importante empuje en la economía proporcionado por los impuestos sobre drogas permitidas es un beneficio económico social. Claramente, la conducta de tomar dro¬gas de una única persona puede tener y de hecho tiene consecuencias de cada Cipo en cada nivel, por tanto, ¿por qué molestarse en separarlas? La función principal del modelo daños/beneficios es ayudar a los responsables administrativos y a los que proporcionan los servicios a decidir que daños están intentando reducir, de modo que sea posible la evaluación científica.

Podría hacerse una clasificación más detallada de los danos y beneficios por medio de un proyecto multidimensional, incorporando una dimensión tiempo (por ejemplo, efectos a corto, medio y largo plazo), una dimensión duración (por ejemplo, temporal, permanente) y o una dimensión escala (por ejemplo, menor, moderada, mayor). Además, la cuantificación de los diferentes tipos de daños y beneficios también aumentaría la validez científica de las evaluaciones de las intervenciones de reducción de daños, aunque ésta es una tarea extremadamente difícil. Claro que, a menos que los responsables administrativos y quienes facilitan los servicios tengan suficientes recursos para hacer un programa de investigación exhaustiva de varios años, no será posible evaluar las consecuencias positivas y negativas de las estrategias concretas de reducción de daños en un modelo multidimensional cuantificable; particularmente aquellas consecuencias que lardan mucho tiempo en aparecer (por ejemplo, trastornos orgánicos, incremento de la longevidad) o que son difíciles de definir y medir (por ejemplo, angustia de los familiares, cohesión social),

De este modo, una organización que intenta llevar a cabo una estrategia de este tipo con su grupo de clientes debe decidir en qué consecuencias le gustaría influir y cuáles puede medir. Por ejemplo, un proyecto de intercambio de jeringas prioriza reducir la transmisión de infección por VIH, y un proyecto con recursos limitados evaluaría esta meta de reducción de daños valorando tos resultados de las pruebas de VIH voluntarias cada cuatro años. De manera similar, los evaluadores de una campaña a nivel local contra la conducción bajo los efectos del alcohol podrían examinar las estadísticas de accidentes de carretera antes, inmediatamente después y tres meses después de la intervención.

RIESGOS
Tal vez la manera más fácil (más practica y menos cara) de evaluar un gran número de intervenciones de reducción de daños es centrarse en los riesgos más que en las consecuencias (cíanos/beneficios), porque por lo general el riesgo de la conducta de tomar drogas es más fácil de valorar por métodos de observación, entrevistas y cuestionarios. Por ejemplo, es más fácil preguntar a los ADVP si comparten el equipo de inyección (riesgo) que descubrir cuántos son VIH positivo (daño). De manera similar, es más fácil medir los efectos de una intervención antitabaco sobre la cantidad de tabaco fumado a nivel comunitario o individual que supervisar al grupo objetivo para ver en que daños a la salud individual (por ejemplo cáncer de pulmón, enfermedad cardíaca) incurre con el tiempo. Sin embargo, la fiabilidad y validez en las medidas de riesgo son típicamente más bajas que en las medidas de las consecuencias (particularmente, cuando comparamos datos de autoinformes con datos fisiológicos). Por tanto, idealmente, deberían hacerse evaluaciones de los riesgos y las consecuencias, aunque por lo general el contexto de evaluación está lejos de lo ideal,

El único proyecto en pro de la comprensión de los riesgos de tomar drogas está basado en la factorización de los componentes conceptuales de esta conducta en dimensiones cuantitativas (dosis, potencia y frecuencia) y dimensiones cualitativas (acceso, preparación, vía y estilo de administración, patrón de uso múltiple, cuidado posterior, propensión y escenario), que además se pueden expresar por las preguntas ¿cómo? y ¿por qué? Las intervenciones de reducción de daños deberían fundamentarse en procedimientos que apunten a dirigir la conducta del adicto hacia el punto óptimo de las dimensiones escogidas (que suscita otro importante lema de investigación). Este análisis se acerca mucho al trabajo de Weil (1972), Weil y Rosen (1983) y Zinberg (1984, 1987), y algunos de sus orígenes se pueden encontrar en Newcombe (1987a, b, c, 1989).

Dosis
Se refiere a la cantidad (cuánto) de droga tomada en un momento dado (esto es, de golpe o en un periodo de tiempo específico). Se puede medir como cantidad de droga pura tomada (por ejemplo, gramos de cocaína), cantidad de producto tomado (por ejemplo, una caña de cerveza) o el coste de la sustancia (por ejemplo, una papelina de 5 libras). Aquí el riesgo se refiere a sobrepasar el nivel de dosis cuyos efectos negativos empiezan a pesar más que los positivos, y de este modo al riesgo de (por ejemplo) una sobredosis y un envenenamiento importante.

Potencia/toxicidad
Se refiere a la escala de efectos mentales y físicos causados por una unidad de tamaño/peso de una droga. Por ejemplo, los cigarrillos altos en nicotina son más potentes que los de baja nicotina, la heroína es más potente que el opio y la cocaína es más potente que la hoja de coca. En general, las formas menos potentes y más naturales de una droga probablemente tengan menos efectos dañinos (Weil y Rosen, 1983). Este argumento también podría extenderse a los diferentes tipos de drogas (por ejemplo, la cafeína es menos potente que la anfetamina, o el LSD es menos potente que la DOM).

Frecuencia
Se refiere al número de veces que una persona consume una droga en un período de tiempo determinado, y por ende al número y duración de períodos de abstinencia. Es frecuente hacer una distinción entre usuarios diarios, usuarios de fin de semana y usuarios ocasionales, Aunque en general el riesgo aumenta con la frecuencia, los usuarios ocasionales (especialmente los principiantes) afrontan mayores riesgos porque no conocen las técnicas más seguras (Dorn, 1987).

Hay además algunas dimensiones cualitativas de riesgo, donde los niveles de peligro se unen más fácilmente a categorías nominales que a las medibles en una escala numérica. Aquí se examinan siete categorías cualitativas de riesgo.

Acceso
Se refiere al método por el cual una persona consigue una droga; por ejemplo, robando dinero o vendiendo sexo, vendiéndola en el mercado negro, obteniéndola por prescripción, etc. Una consideración obvia es que las drogas ilegales son más propensas a contener adulterantes que las prescritas, y de este modo hay más probabilidad de que causen daños al usuario.

Preparación
Se refiere a todas las acciones pertinentes que se llevan a cabo antes y durante la administración, tales como filtrar los adulterantes de las drogas inyectables, limpiar el equipo de inyección, comer antes de beber alcohol, usar una pequeña bolsa de plástico para inhalar disolventes, añadir un filtro al enrollar los cigarrillos o desmenuzarlas hasta obtener el polvo antes de esnifarlas.

Vía y estilo de uso
Se refieren al método de administración y el modo concreto en que se realiza. Estoy son importantes determinantes del peligro del uso de una droga.

Hay cuatro vías de uso principales, que implican el sistema digestivo, respiratorio, membranoso y circulatorio del organismo. La vía digestiva (tragar) es indiscutiblemente la más segura, porque produce un ataque más lento de intoxicación (que provoca efectos más fácilmente manejables) y porque tiene la ventaja de expulsar los residuos de la droga del cuerpo si se produce un envenenamiento o una sobre intoxicación (aunque algunos sostienen que es casi más fácil una sobredosis por tragar que por fumar o esnifar).

La segunda vía más popular del uso de drogas es la respiratoria, la cual puede implicar; d) la inhalación de formas gaseosas de productos químicos que se volatilizan a temperatura ambiente (por ejemplo, disolventes, o al calentarse (por ejemplo, heroína); o b) la absorción del humo de las sustancias combustibles desde pipas, cigarrillos u otros mecanismos (por ejemplo, tabaco, cannabis). Los efectos dañinos a largo plazo, especialmente por fumar productos que contienen cancerígenos, están bien documentados.

La tercera vía de uso de drogas es la membranosa, que implica típicamente cualquiera de las siguientes: d) mascar plantas (por ejemplo, tabaco, coca, khat), de modo que los ingredientes activos se filtran y pasan a través cíe las membranas de la boca y la garganta; o b) inhalar vigorosamente (esnifar) drogas en polvo hacia las membranas nasales a través de la nariz (otras membranas utilizables incluyen el ano y los genitales). Masticar algunas drogas puede dañar el revestimiento de la boca y la garganta, y esnifar algunas drogas (por ejemplo, cocaína) puede dañar el tabique nasal.

La cuarta vía y menos común implica utilizar una jeringa y una aguja para inyectarse drogas en el sistema circulatorio directamente, vía venosa, muscular o subcutánea. En condiciones ideales, este método es potencialmente menos dañino que los métodos respiratorios o membranosos, Sin embargo, las personas que se inyectan drogas ilegales afrontan distintos efectos dañinos, incluyendo sobredosis, daños físicos y enfermedades como la hepatitis B y el VII I/SIDA,

La forma de administración también influye en la peligrosidad de consumir drogas. Por ejemplo, beber alcohol lentamente puede ser menos arriesgado que engullirlo; inhalar el humo del tabaco hasta los pulmones puede ser más peligroso que aspirarlo -sólo hasta la boca; inyectarse drogas con la técnica apropiada (por ejemplo, ángulo y profundidad de penetración) es menos peligroso que hacerlo con el desconocimiento de esta técnica.

Patrones de uso múltiple
Otro máximo determinante del riesgo es el uso múltiple de drogas, a partir de combinaciones de dos u más productos; en términos fisiológicoS; una nueva droga, a menudo mucho más potente que la suma de sus partes. Se sabe que combinar drogas depresoras como opiáceos y alcohol es particularmente peligroso; menos se conoce acerca de los posibles efectos de muchas otras combinaciones populares (por ejemplo, anfetaminas y cannabis, cocaína y heroína),

Cuidados posteriores
Se refiere a las actividades individuales de reducción de riesgos tomadas después de haberse administrado una droga, como beber bastante agua después de un consumo considerable de alcohol (para evitar una resaca relacionada con la deshidratación), limpiar la nariz con agua después de esnifar drogas, limpiar la piel en el punto de la inyección y disponer de la parafernalia utilizada de manera segura (por ejemplo, agujas o cerillas),

Propensión
Se refiere a las razones por las que las personas toman drogas, y su personalidad, conocimientos, actitudes y estado de ánimo en ese momento. Por ejemplo, si una persona neurótica o alguien de mal humor tomase LSD, afrontaría un riesgo mayor de mal viaje que una persona estable o cualquiera con un buen estado de animo. De manera similar, si alguien bebe varias unidades de alcohol, sin darse cuenta de que esto le influirá negativamente al conducir, puede haber un mayor riesgo de accidente.

Escenario
Esto se puede expresar con las preguntas: dónde, cuando, con quien o ¿y si..? En resumen, significa que el riesgo de tomar drogas puede estar influenciado por la localización (por ejemplo, es más seguro esnifar drogas en un parque que en edificio en construcción), la hora del día (por ejemplo, el consumo de alcohol puede tener efectos más negativos si se bebe en las primeras horas del día), las personas en cuya compañía, se consume (por ejemplo, colocarse con cannabis entre desconocidos puede provocar paranoia) y la aparición de sucesos inesperados (por ejemplo, la necesidad de conducir que aparece cuando se está bebido, la llegada de una visita cuando estás majando con LSD). Los riesgos del escenario y la propensión pueden reducirse sustancialmente con previsión y planificación,

Conclusión
En suma, es posible separar en factores los componentes de riesgo de la conducta de usar drogas y medirlos con métodos de observación, entrevistas y cuestionarios. Algunos daños y beneficios cambien se pueden medir de este modo, aunque muchas consecuencias positivas y negativas necesitan una extensa gama de métodos de investigación multidisciplinarios; de aquí la recomendación a los evaluadores de la reducción de daños de centrarse en la medida de los componentes del riesgo de la conducta de tomar drogas. Una vez se ha decidido cuáles son estas conductas que la intervención se propone cambiar, la evaluación de la efectividad puede empezar con una o ambas de las dos opciones: comparar la conducta de riesgo del grupo objetivo a lo largo del tiempo y/o comparar la conducta de riesgo del grupo objetivo con la del grupo control (personas parecidas en las que no se intervino).

INTERPRETACIÓN Y RESPUESTA A LOS RESULTADOS DE LAS INTERVENCIONES DE REDUCCIÓN DE DAÑOS: ALGUNOS MARCOS HIPOTÉTICOS

El emplear esquemas conceptuales como el descrito en el apartado anterior hace posible medir los resultados de las intervenciones de reducción de daños, pero ¿cómo interpretamos entonces estos resultados y cómo respondemos a sus implicaciones:' Un análisis minucioso de estas cuestiones está mera del alcance de este capítulo, pero el examen de algunos resultados hipotéticos de las intervenciones de reducción de daños debería destacar varios problemas inherentes a estos cometidos.
Primero, pensar en una campaña nacional de los medios de comunicación dirigida a reducir el daño asociado con el uso de disolventes entre los críticos de 11 a 15 años. Durante un período de seis meses, se informa al grupo objetivo por medio de televisión, revistas, carteleras y folletos de que esnifar disolventes puede causar la muerte o serios problemas de salud, pero que si van a esnifar disolventes, algunos de los riesgos se pueden reducir utilizando unos procedimientos concretos (por ejemplo, usar una bolsa pequeña de plástico, de esta manera puede evitarse una asfixia accidental). Antes de la campana, se estudió una muestra representativa de 1.000 jóvenes, y se vio que el 10 por ciento había experimentado con disolventes en el año anterior. Las estadísticas oficiales revelan además que en el año anterior murieron 100 jóvenes a causa de los disolventes, y que más de 500 sufrieron serias lesiones/problemas de salud relacionados con ello. Ahora consideraremos dos posibles resultados de la intervención cuando se hace el seguimiento un año después de acabada la campaña (tabla 1.1).

Proporciones anuales
Lo prueban
Muertes
Dañas a la salud

Antes
10%
100
500

Resultado 1
20%
50
250

Resultado 2
tí0%
50
250

Tabla 1.1 Resultados del seguimiento un año ciegues de la campaña

En el marco del primer resultado, el 20 por ciento de una muestra representativa dijo haber experimentado con disolventes el año anterior, si bien el número anual de muertes está por debajo de 50 y el número anual de problemas de salud relacionados con los disolventes está por debajo de 250, los partidarios de la reducción de daños acopiarían que se tolerase una mayor frecuencia de experimentación si las muertes y los problemas de salud se van reduciendo significativamente, mientras que para los partidarios de la abstinencia el aumento de la frecuencia de uso entraría en pugna con sus prioridades.

En el marco del segundo resultado, el 60 por ciento de una muestra representativa de jóvenes declaró haber experimentado con disolventes en el año anterior, aunque el número anual de muertes y problemas de salud relacionados con disolventes están por debajo de los mismos niveles que en el primero (es decir 50 y 250). Muchos de los que trabajan con la reducción de daños aceptarían con reservas el éxito de estos resultados, porque la elevada frecuencia de uso podría indicar consecuencias negativas imprevistas a largo plazo, o porque este pronóstico activa los arraigados temores y deseos de los partidarios de la abstinencia.

El segundo ejemplo se refiere a la introducción de un proyecto de intercambio de jeringas para ADVP en los barrios céntricos de la ciudad; el objetivo primordial es reducir la transmisión de la infección por VIH entre y desde los ADVP. Los estudios de los tres años anteriores a la intervención han revelado tres proporciones razonablemente estables: alrededor del 5 por ciento de los adultos de la comunidad se inyecta drogas, el 60 por ciento de ADVP comparte el equipo de inyección y el porcentaje de incidencia anual de VIH entre ADVP es del 10 por ciento. La tabla 1.2 muestra tres resultados posibles un año después de la intervención:

%ADVP % Que comparte Proporción de la incidencia anual de VIH
Antes 5 60 10
Resultado 1 10 40 6
Resultado 2 10 20 2
Resultado 3 20 1 0
Tabla 1.2 Tres resultados posibles un año después de la intervención

En el primer resultado hipotético, la frecuencia de inyección se ha doblado, aunque el compartir el equipo disminuyó del 60 al 40 por ciento y la proporción anual de V1H/ADVP ha bajado del 10 al 6 por ciento. ¿Estas reducciones moderadas en el riesgo y el daño justifican el incremento en la frecuencia de inyectarse? Teniendo en cuenta el objetivo principal de la intervención, la respuesta es positiva sólo si se reduce la incidencia numérica de compartir jeringas (conducta de riesgo) y/o la cero conversión VIH (efecto dañino).

Para ilustrar esto, suponemos que la población de ADVP era de 1.000 personas antes de la intervención; esto significa que 600 estaban compartiendo Jeringas y 100 después de un año eran VIH positivo. Un año más tarde 2,000 personas se están inyectando drogas; esto significa que 800 comparten el equipo de inyección y el número total de ADVP que han pasado a ser VIH positivo es de 120. En resumen, el problema con el resultado 1 es que si bien el porcentaje de ADVP que se dedica a compartir el equipo y que se convierte en VIH positivo es reducido, el aumento en la frecuencia de inyectarse significa que ha aumentadlo el número de personas que se dedica a compartir jeringas y que se conviene en VIH positivo.

En contraste, el resultado 2 es más aceptable en términos de criterios de eficacia, porque, aunque la frecuencia de inyectarse se ha doblado en la comunidad, a pesar de todo, el compartir jeringas está por debajo del 20 por ciento y la proporción de VIH está por debajo del 2 por ciento, y da como resultado un reducido número de personas que comparte jeringas (400) o se convierte en VIH positivo (40). Finalmente, el resultado 3 muestra un aumento cuádruple en la frecuencia, el 20 por ciento (4.000), aunque compartir jeringas se redujo al 1 por ciento (40) y la proporción de VIH mensual a 0. Este resultado es claramente el más efectivo en términos de prevención de VIH, con todo la correlación es de 3.000 personas más que se inyectan. Incluso si estos ADVP estaban recibiendo drogas por prescripción y atención médica completa, ¿todas las personas encargadas de responder a este resultado serían capaces de aceptar un aumento cuádruple en las inyecciones como precio por prevenir la transmisión del VIH? ¿Qué otros daños podrían aparecer o aumentar en este nivel más alto de frecuencia? Evidentemente, es necesario que los objetivos y variables de riesgos y daños sean determinados antes de iniciar la intervención, si los responsables administrativos y los que proporcionan los servicios son serios al evaluar el nivel de eficacia.

El ejemplo final implica la asignación al azar a una de las tres condiciones de metadona en una clínica de drogas de 300 nuevos clientes que se inyectan opiáceos: desintoxicación con metadona. manteni-miento con metadona vía oral o mantenimiento con metadona inyectable. Dejando a un lado el daño principal de VIH por lo que se refiere a este ejemplo, se supone que los dos objetivos de tratamiento reducen el delito codicioso (esto es, robar dinero o propiedades para comprar drogas) y mejoran la salud del cliente (por ejemplo, peso o recuento de células blancas en la sangre). Al llegar a la clínica el noventa por ciento tiene una salud precaria y está implicado en delitos codiciosos relacionados con las drogas. Consideraremos los dos posibles resultados dados en la tabla 1.3.

Desintoxicación Mantenimiento oral Mantenimiento inyectable
Antes
Robar para comprar drogas 90 90 90
salud precaria 90 90 90
Resultado 1
Robar para comprar drogas 70 50 20
salud precaria 20 40 60
Resultado 2
Robar para comprar drogas 50 40 60
salud precaria 80 20 10
Tabla 1.3 Resultados posibles de tres condiciones de metadona

Sin hacer un análisis detallado de este ejemplo, un examen de pocos minutos debería revelar las dificultades para interpretar y responder a ambos resultados hipotéticos. El principal conflicto es que cada opción de tratamiento es efectiva para reducir un tipo de daño, pero relativamente ineficaz para reducir el otro. La solución podría encontrarse en priorizar cualquier daño desde el principio, o desglosar los daños en componentes (por ejemplo, tipos de delito codicioso, tipos de salud/enfermedad y cuantificarlos o hacer categorías.

CONCLUSIÓN
Definir y medir los riesgos y daños relacionados con la droga es una tarea compleja y difícil, como lo es interpretar y responder a las consecuencias de las intervenciones de la reducción de daños. Probablemente, los problemas más importantes son los conflictos entre los cambios en la frecuencia y el nivel de daños, y los conflictos entre los cambios de las diferentes categorías de danos. De cualquier modo, la evaluación de la efectividad de las intervenciones de reducción de daños es posible, si las intenciones de los responsables administrativos y los objetivos de los médicos están indicados claramente al comienzo, utilizando un marco conceptual como el descrito aquí. Idealmente, esto significa ir más allá de metas generales como reducción en los niveles de riesgos y daños concretos, hacia una especificación de objetivos cuantificables de reducción en estos niveles y un límite máximo especificado en la frecuencia comunitaria aceptable de las conductas oportunas.

Narcosalas

2009-06-27T16:03:00.000-04:00

Facebook | Red Chilena Reducción Daños

2009-06-27T16:01:00.000-04:00

Facebook Red Chilena Reducción Daños

Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas

2009-06-27T15:39:00.000-04:00

26 de junio de 2009
Por una política de drogas más humanitaria en América Latina

En el día en que la comunidad internacional se moviliza en torno al problema de las drogas, llamamos la atención sobre la ineficacia de las políticas de control para contrarrestar el tráfico de drogas ilícitas, así como los efectos dañinos y contraproducentes que tienen, en particular entre los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico (consumidores de drogas, “mulas”, comunidades urbanas sometidas al control del crimen organizado y poblaciones rurales involucradas en el cultivo) quienes padecen sus consecuencias de manera desproporcionada.Las sucesivas crisis económicas y políticas, así como la miseria y la gran desigualdad social en América Latina, conducen a la falta de acceso a los servicios de salud, educativos y sociales, situación que se agrava especialmente para los usuarios de drogas en situación de pobreza. La erradicación forzada de cultivos sin alternativas económicas, sociales y culturales sostenibles, a su vez, aumenta la pobreza de los pequeños productores. A esto se suman el estigma y la discriminación que padecen los usuarios de drogas y los productores campesinos, a lo que se agrega la intervención del sistema penal, inducida por la legislación que los criminaliza, siguiendo la política de “guerra contra las drogas” predominante en la región.Por todo ello, hacemos un llamamiento a los gobiernos, los organismos multilaterales y la sociedad civil de América Latina, para que se contemple un enfoque más humanitario en las políticas de drogas de la región, fundadas en los principios del pleno respeto a los derechos humanos.

ADHIEREN:
Acción Andina Colombia rivarme@cable.net.co
Asociación Brasileña de Reductores de Daños (ABORDA) Brasil denis.petuco@gmail.com
Asociación Civil ENCARE Uruguay encare@adinet.com.uy
Associação Lua Nova Brasil luanova@luanova.org.br
Centro de Formación y Capacitación PASSOS El Salvador cfcpassos@gmail.com
Centro de Investigación Drogas yDerechos Humanos Perú rasg642000@yahoo.com
Centro de Respuestas Educativas y Comunitarias A. C. (CRECE) México rosovsky@prodigy.net.mx
Colectivo por una Política Integral Hacia lasDrogas (CuPIhD) México jorgecalamar@gmail.com
Corporación Ancora Chile ongancora@terra.cl
Corporación CONSENTIDOS Colombia corconsentidos@telebucaramanga.net.co
Corporación VIVIENDO Colombia corporación.viviendo@yahoo.es
Fundación CITIDAD Argentina citidad@yahoo.com.ar
Fundacion Procrear Colombia fundacionprocrear@yahoo.es
Instituto de Investigación y Desarrollo (IDES) Uruguay ides.uy@gmail.com
Intercambios Asociación Civil Argentina intercambios@intercambios.org.ar
Kiosco Juvenil Argentina kjuvenil@net12.com.ar
Programa ANDA Perú programaanda@telefonica.net.pe
Programa Andrés Rosario Argentina programaandresros@citynet.net.ar
Programa Compañeros A. C. México pcompa@prodigy.net.mx
Psicotropicus Brasil psicotropicus@psicotropicus.org
Red Brasileña de Reducción de Daños yDerechos Humanos (REDUC) Brasil danpt@terra.com.br
Red Chilena de Reducción de Daños Chile reducciondedanos@gmail.com
S.Se.R en el Sur Argentina susanalambrechts@speedy.com.ar

Entrevista con Anya Sarang, coordinadora de la Red de Reducción de Daños de Europa Central y Oriental

2009-06-27T15:37:00.000-04:00

Junio 26, 2009 · Entrevista con Anya Sarang, coordinadora de la Red de Reducción de Daños de Europa Central y Oriental. La Asociación Internacional de Reducción de Daños (IHRA) realizó su Conferencia Internacional número 15 en la ciudad de Melbourne, Australia, entre el 20 y el 24 de abril. Para conocer qué sucedió allí, interCambiando entrevistó a Anya Sarang, ganadora del prestigioso premio Rollestone. Anya es la coordinadora de la Red de Reducción de Daños de Europa Central y Oriental, participó de ese evento en Australia, y es una de las máximas referentes en problemas relacionados con el uso de drogas en Europa Central y Oriental. En tu opinión ¿cuál fue el tema más importante tratado en la Conferencia realizada en Melbourne?Para mí, como representante de la Región Este y Centro de Europa uno de los temas más importantes es asegurar el acceso igualitario al tratamiento antirretroviral para usuarios de drogas que viven con VIH. Según lo tratado en la Conferencia ¿cuáles son los avances más importantes y cuáles los desafíos más urgentes para el movimiento de Reducción de daños?Uno de los máximos avances y, al mismo tiempo sigue siendo un desafío, es consolidar el esfuerzo para influir sobre los actores políticos en el ámbito internacional. La conferencia es una de las herramientas, pero necesitamos trabajar en conjunto, por ejemplo, cuando hay un problema en Rusia, necesitamos apoyo de todo el mundo. En noviembre pasado se creó el comité estatal de control de drogas y anunció que los programas de reducción de daños pueden ser considerados contrarios a la ley, allí necesitamos una fuerte respuesta de todo el mundo.Creo que un problema central en el trabajo de búsqueda de consenso por parte de quienes trabajamos en reducción de daños es la falta de intereses de los medios en nuestro trabajo.Tenemos que focalizar esfuerzos y recursos para atraer a los medios y al público sobre temas relacionados con reducción de daños, derechos humanos y políticas de drogas. En esta conferencia recibiste el premio Rollestone, que se entrega desde 1992 a quienes han realizado una importante contribución para la reducción de daños. ¿Qué significa para vos este logro?Me asombró recibir este premio, que no creo merecer en forma personal, incluso me resistí a aceptarlo. Lo acepté como un premio a todas las personas con las que trabajo y a los miembros de la CEEHRN (la red de reducción de daños de Europa Central y Oriental). ¿Cómo evaluás los cambios a la ley de drogas de Rusia? (ver abajo)Esos cambios son muy buenos y estoy orgullosa de mi gobierno por realizar esos cambios tan importantes en el código criminal pese a la gran resistencia que ejercieron los partidarios de la mano dura y quienes ven a los usuarios de drogas como un grupo social descartable. Desde la perspectiva de reducción de daños y la prevención de VIH son cambios muy positivos que facilitan nuestros esfuerzos. Uno de los principales impedimentos para trabajar en reducción de daños en el ámbito local fue el miedo de los usuarios de drogas para caminar por las calles y repartir jeringas limpias, ya que sólo por los restos de drogas que había en las jeringas podían ir a la cárcel por varios años. Ahora con la nueva legislación va a ser más difícil que la policía pueda acusar a usuarios de drogas que ayudan a otros usuarios llevándoles atención y ayuda a lugares donde otros servicios no llegan.Otra consecuencia importante es que miles de personas van a ser liberadas de prisiones en las que estuvieron por varios años por hechos no violentos relacionados con drogas. Las cárceles son lugares donde mucha gente contrae VIH o destruyen su salud por las terribles condiciones, superpoblación y ausencia de normas sanitarias mínimas. Hoy hay, según cifras oficiales, más de 35.000 personas que viven con VIH en prisiones rusas, muchos se contagiaron allí mismo y otros que contrajeron VIH salieron de prisión sólo para morir de sida por falta de atención médica. Si la situación en las prisiones se normaliza, va a disminuir la cantidad de gente que vive con VIH allí. Pero también significa que los servicios civiles tienen que estar listos para recibir una enorme cantidad de gente que va a ser liberada, y vamos a necesitar ayuda médica y protección social. ¿Qué lecciones aprendieron en este proceso de trabajo en busca de consenso?Yo aprendí una lección muy importante: un pequeño grupo de gente no puede hacer todo, pero si su trabajo involucra a distintos intereses y grupos de personas, puede tener éxito. Puede parecer un lugar común pero el proceso de la reforma de políticas de drogas para mí fue una clara lección de esto.Otra lección que aprendí es que mi gobierno puede tomar decisiones sensibles y razonables pese a la presión histérica de la opinión pública. Esa fue una novedad muy alentadora y para expresar nuestro respeto a esa decisión y para apoyarla, la red de reducción de daños de Europa Oriental y Central le envío una carta al primer ministro y a otros miembros del gobierno.

Cobarde golpiza de Carabineros a transexual

2009-06-27T15:34:00.000-04:00

Cobarde golpiza de Carabineros a transexual