PROPUESTA DE ORIENTACIONES ETICAS PARA EL DISEÑO DE UNA POLITICA PUBLICA DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

INTRODUCCIÓN

Los suscritos, Red Chilena de Reducción de Daños, Corporación La Caleta, Corporación Ancora, Ciudadanía y Justicia, somos un grupo de organizaciones de la sociedad civil con décadas de trabajo en materia de alcohol y otras drogas, en permanente interpelación de nuestras prácticas desde una ética inclusiva que concibe a las personas como sujetos de derecho, en el marco del absoluto respeto de los derechos humanos, y que apuesta a favorecer los procesos de cambio ciudadano.

Esta propuesta es parte de un proceso de reflexiones y prácticas compartidas con equipos profesionales de Iberoamérica, plasmado en múltiples declaraciones suscritas , y que nos permite reconocernos como protagonistas en la construcción de pensamiento sobre la temática del alcohol y otras drogas.

Considerando, el actual proceso eleccionario que enfrenta el país, y en la coyuntura de evaluar la “Estrategia Nacional sobre Drogas 2003 – 2008” diseñada por CONACE, nos convocamos para entregar nuestras opiniones y consideraciones, para la formulación de nuevas políticas públicas en el ámbito del alcohol y otras drogas.


¿CUÁL ES NUESTRO DIAGNÓSTICO?

Las metas y objetivos establecidos hace diez años por la Comisión de Estupefacientes de la ONU, no se han cumplido. El consumo y tráfico de drogas ilícitas y sustancias psicotrópicas no se ha reducido sustancialmente y en muchos lugares del mundo, incluso ha aumentado considerablemente.

La “guerra contra las drogas” y el objetivo de “un mundo sin drogas”, ha significado un elevado gasto de recursos públicos y consecuencias no deseadas en la salud, la política y la cultura.

Algunos países no admiten este fracaso y priorizan una interpretación moralista e ideológica antes que tomar en cuenta las lecciones aprendidas, lo que hace imperativa una reflexión y revisión profunda de las políticas nacionales e internacionales y sus estrategias.

También en Chile la reducción de la demanda de drogas y cuestiones conexas ha sufrido una profunda influencia de estas políticas.


Durante este período constatamos que:

• la participación de organizaciones de la sociedad civil en la formulación y evaluación de estrategias en materias vinculadas al alcohol y otras drogas, ha sido parcial y discontinua, lo que ha significado que las reflexiones a partir de las prácticas y de las evidencias científicas se han escasamente incorporado.

• se ha detenido la mirada preferentemente en el ámbito de las drogas ilícitas y las políticas públicas y estrategias de prevención del abuso de alcohol y de psicofármacos (con prescripción y sin prescripción médica) son escasas y poco eficaces, siendo estos problemas de grandes dimensiones y consecuencias sociales y sanitarias.

• Las políticas públicas no han sido suficientemente eficaces y las estrategias no han sido capaces de proteger los derechos humanos y la dignidad de todas las personas y particularmente de los usuarios de drogas, aún expuestos, a la exclusión social y persecución penal que ha generado la clandestinización de éstos, no posibilitando que los dispositivos de salud los acojan.


INSTAMOS AL ESTADO DE CHILE A:

1. Orientar las políticas en materia de drogas, desde una perspectiva que busque activamente la inclusión, así como a revertir las implicaciones vinculadas al problema de las drogas, que derivan en la vulneración de los derechos de personas y colectividades; políticas que favorezcan una aproximación a la vez sanitaria y social al uso de alcohol y otras drogas, asociando la asistencia, la prevención, la promoción de la salud y los derechos humanos.

2. Asumir como marco político el programa de “Salud para todos en el siglo XXI”, señalando como carta de principios de justicia social las prioridades globales para las dos primeras década del nuevo siglo y los objetivos para crear las condiciones necesarias para que se pueda alcanzar el máximo nivel posible de salud.

3. Diseñar políticas sociales sobre alcohol y otras drogas, desde lo local a lo global, que aborden el conjunto de las realidades, que den cuenta de la riqueza de lo heterogéneo y de la diversidad cultural de nuestras comunidades.

4. Asignar recursos suficientes para el desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, tratamiento e inclusión social, priorizando programas sociales dirigidos especialmente a las poblaciones que viven en condiciones de exclusión social.

5. Realizar estudios sobre los problemas asociados a la venta, consumo y abuso de alcohol y otras drogas, superando las evaluaciones centradas solo en la prevalencia del uso.
Iniciar un proceso de investigación sobre los principios activos presentes en las sustancias hoy disponibles, para medir las eventuales daños y consecuencias para la salud, de acuerdo a la diversidad de usuarios y sus contextos.

6. Definir y ejecutar políticas públicas integrales que consideren la necesidad de equilibrar las intervenciones en materia de sustancias ilegales y legales (alcohol, tabaco y psicofármacos de prescripción médica).

NUESTRAS PROPUESTAS


En Chile, al igual que otros países, debemos ir dando paso a un nuevo paradigma, que considere que el consumo de sustancias psicoactivas es una característica común de la historia de la humanidad, un elemento más de nuestra vida que, nos guste o no, va a continuar estando aquí, al que es mejor conocer y controlar a partir de los intereses generales de la sociedad, es decir, de forma democrática y participativa.

Los problemas sociales y particularmente los de salud pública requieren de respuestas globales, integradoras y construidas en el marco de los Derechos Humanos, que promuevan la construcción de ciudadanía activa. Por ello, la sociedad civil organizada y todas las personas, tenemos el derecho de participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en conjunto con los gobiernos.


Consideramos necesario que:

• Las acciones e investigaciones clínicas y sociales debieran tender a disminuir la morbilidad y la mortalidad, a favorecer la accesibilidad a la red asistencial y a los dispositivos de salud, para mejorar la calidad de vida de los usuarios de sustancias psicoactivas y sus comunidades.

• Se deben garantizar los Derechos Humanos de las personas usuarias de drogas ilícitas y principalmente de quienes se encuentran en condiciones de exclusión social.

• Se debe reconocer al usuario y usuaria de drogas como un ciudadano de pleno derecho, descriminalizando el consumo y superando la mirada excluyente, que los considera como personas no competentes (adictos, enfermos, irracionales, infantiles, entre otros).

• Los programas de prevención, de reducción de daño, asistencia e inclusión social son los que deben adaptarse a las personas, a sus potencialidades y necesidades. Se deben dejar de lado las acciones punitivas, coercitivas y estigmatizantes que sostienen la exclusión y aumentan el sufrimiento social. La diversidad de intervenciones es un elemento imprescindible para los procesos de inclusión social.

• Los programas de tratamiento, rehabilitación e inclusión social deben ser de acompañamiento, de fortalecimiento y de reconocimiento del usuario como un sujeto de derechos que es protagonista de su proceso de salud-enfermedad. Para esto es fundamental incorporar la opinión de los usuarios y responder a sus necesidades, propiciando recursos y modelos de asistencia que demuestren respeto tanto por quienes deseen abandonar el consumo de alcohol y otras drogas basándose en el autocontrol y/o la abstinencia, así como por aquellos que opten por el consumo responsable y menos problemático de las sustancias.

• El sistema asistencial debe garantizar la accesibilidad de aquellos usuarios que no se incluyen en las categorías anteriores, diseñando dispositivos sanitarios y sociales de acercamiento y bajo umbral.

• Informar a la población, sobre la base de la evidencia científica y pertinente al destinatario, para disminuir los riesgos de los usos de alcohol y otras drogas así como dónde solicitar ayuda especializada.

• Derogar el artículo 4to de la ley 20.000 de drogas que instaura el tipo penal del porte de drogas

• Retirar a la marihuana y sus derivados de la lista de drogas “duras” y clasificarla entre las drogas “que no producen una alta toxicidad o dependencia”, derogando en lo inmediato el decreto nº 867 de 2007 publicado en el Diario Oficial de 19.02.08.

• Derogar la pena accesoria de tratamiento de drogas para los infractores de ley aún cuando hubiesen actuado bajo sus efectos o motivados por su consecución. En los casos que se considere pertinente la oferta de tratamiento de drogas, ésta deberá ser de carácter voluntario y no necesariamente condicionado a la abstinencia.


Finalmente, nos proponemos intercambiar saberes, mejorar prácticas, y buscar soluciones conjuntas tanto con el Estado y sus instituciones, como con los diversos organismos y organizaciones de base de la sociedad civil, promoviendo acciones que potencien una política de alcohol y otras drogas más justa y pertinente.

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Para incorporar el nombre de su organización, tenga a bien escribir a: mzorondo@episcopado.cl