INTRODUCCIÓN
Los suscritos, Red Chilena de Reducción de Daños, Corporación La Caleta, Corporación Ancora, Ciudadanía y Justicia, somos un grupo de organizaciones de la sociedad civil con décadas de trabajo en materia de alcohol y otras drogas, en permanente interpelación de nuestras prácticas desde una ética inclusiva que concibe a las personas como sujetos de derecho, en el marco del absoluto respeto de los derechos humanos, y que apuesta a favorecer los procesos de cambio ciudadano.
Esta propuesta es parte de un proceso de reflexiones y prácticas compartidas con equipos profesionales de Iberoamérica, plasmado en múltiples declaraciones suscritas , y que nos permite reconocernos como protagonistas en la construcción de pensamiento sobre la temática del alcohol y otras drogas.
Considerando, el actual proceso eleccionario que enfrenta el país, y en la coyuntura de evaluar la “Estrategia Nacional sobre Drogas 2003 – 2008” diseñada por CONACE, nos convocamos para entregar nuestras opiniones y consideraciones, para la formulación de nuevas políticas públicas en el ámbito del alcohol y otras drogas.
¿CUÁL ES NUESTRO DIAGNÓSTICO?
Las metas y objetivos establecidos hace diez años por la Comisión de Estupefacientes de la ONU, no se han cumplido. El consumo y tráfico de drogas ilícitas y sustancias psicotrópicas no se ha reducido sustancialmente y en muchos lugares del mundo, incluso ha aumentado considerablemente.
La “guerra contra las drogas” y el objetivo de “un mundo sin drogas”, ha significado un elevado gasto de recursos públicos y consecuencias no deseadas en la salud, la política y la cultura.
Algunos países no admiten este fracaso y priorizan una interpretación moralista e ideológica antes que tomar en cuenta las lecciones aprendidas, lo que hace imperativa una reflexión y revisión profunda de las políticas nacionales e internacionales y sus estrategias.
También en Chile la reducción de la demanda de drogas y cuestiones conexas ha sufrido una profunda influencia de estas políticas.
Durante este período constatamos que:
• la participación de organizaciones de la sociedad civil en la formulación y evaluación de estrategias en materias vinculadas al alcohol y otras drogas, ha sido parcial y discontinua, lo que ha significado que las reflexiones a partir de las prácticas y de las evidencias científicas se han escasamente incorporado.
• se ha detenido la mirada preferentemente en el ámbito de las drogas ilícitas y las políticas públicas y estrategias de prevención del abuso de alcohol y de psicofármacos (con prescripción y sin prescripción médica) son escasas y poco eficaces, siendo estos problemas de grandes dimensiones y consecuencias sociales y sanitarias.
• Las políticas públicas no han sido suficientemente eficaces y las estrategias no han sido capaces de proteger los derechos humanos y la dignidad de todas las personas y particularmente de los usuarios de drogas, aún expuestos, a la exclusión social y persecución penal que ha generado la clandestinización de éstos, no posibilitando que los dispositivos de salud los acojan.
INSTAMOS AL ESTADO DE CHILE A:
1. Orientar las políticas en materia de drogas, desde una perspectiva que busque activamente la inclusión, así como a revertir las implicaciones vinculadas al problema de las drogas, que derivan en la vulneración de los derechos de personas y colectividades; políticas que favorezcan una aproximación a la vez sanitaria y social al uso de alcohol y otras drogas, asociando la asistencia, la prevención, la promoción de la salud y los derechos humanos.
2. Asumir como marco político el programa de “Salud para todos en el siglo XXI”, señalando como carta de principios de justicia social las prioridades globales para las dos primeras década del nuevo siglo y los objetivos para crear las condiciones necesarias para que se pueda alcanzar el máximo nivel posible de salud.
3. Diseñar políticas sociales sobre alcohol y otras drogas, desde lo local a lo global, que aborden el conjunto de las realidades, que den cuenta de la riqueza de lo heterogéneo y de la diversidad cultural de nuestras comunidades.
4. Asignar recursos suficientes para el desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, tratamiento e inclusión social, priorizando programas sociales dirigidos especialmente a las poblaciones que viven en condiciones de exclusión social.
5. Realizar estudios sobre los problemas asociados a la venta, consumo y abuso de alcohol y otras drogas, superando las evaluaciones centradas solo en la prevalencia del uso.
Iniciar un proceso de investigación sobre los principios activos presentes en las sustancias hoy disponibles, para medir las eventuales daños y consecuencias para la salud, de acuerdo a la diversidad de usuarios y sus contextos.
6. Definir y ejecutar políticas públicas integrales que consideren la necesidad de equilibrar las intervenciones en materia de sustancias ilegales y legales (alcohol, tabaco y psicofármacos de prescripción médica).
NUESTRAS PROPUESTAS
En Chile, al igual que otros países, debemos ir dando paso a un nuevo paradigma, que considere que el consumo de sustancias psicoactivas es una característica común de la historia de la humanidad, un elemento más de nuestra vida que, nos guste o no, va a continuar estando aquí, al que es mejor conocer y controlar a partir de los intereses generales de la sociedad, es decir, de forma democrática y participativa.
Los problemas sociales y particularmente los de salud pública requieren de respuestas globales, integradoras y construidas en el marco de los Derechos Humanos, que promuevan la construcción de ciudadanía activa. Por ello, la sociedad civil organizada y todas las personas, tenemos el derecho de participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en conjunto con los gobiernos.
Consideramos necesario que:
• Las acciones e investigaciones clínicas y sociales debieran tender a disminuir la morbilidad y la mortalidad, a favorecer la accesibilidad a la red asistencial y a los dispositivos de salud, para mejorar la calidad de vida de los usuarios de sustancias psicoactivas y sus comunidades.
• Se deben garantizar los Derechos Humanos de las personas usuarias de drogas ilícitas y principalmente de quienes se encuentran en condiciones de exclusión social.
• Se debe reconocer al usuario y usuaria de drogas como un ciudadano de pleno derecho, descriminalizando el consumo y superando la mirada excluyente, que los considera como personas no competentes (adictos, enfermos, irracionales, infantiles, entre otros).
• Los programas de prevención, de reducción de daño, asistencia e inclusión social son los que deben adaptarse a las personas, a sus potencialidades y necesidades. Se deben dejar de lado las acciones punitivas, coercitivas y estigmatizantes que sostienen la exclusión y aumentan el sufrimiento social. La diversidad de intervenciones es un elemento imprescindible para los procesos de inclusión social.
• Los programas de tratamiento, rehabilitación e inclusión social deben ser de acompañamiento, de fortalecimiento y de reconocimiento del usuario como un sujeto de derechos que es protagonista de su proceso de salud-enfermedad. Para esto es fundamental incorporar la opinión de los usuarios y responder a sus necesidades, propiciando recursos y modelos de asistencia que demuestren respeto tanto por quienes deseen abandonar el consumo de alcohol y otras drogas basándose en el autocontrol y/o la abstinencia, así como por aquellos que opten por el consumo responsable y menos problemático de las sustancias.
• El sistema asistencial debe garantizar la accesibilidad de aquellos usuarios que no se incluyen en las categorías anteriores, diseñando dispositivos sanitarios y sociales de acercamiento y bajo umbral.
• Informar a la población, sobre la base de la evidencia científica y pertinente al destinatario, para disminuir los riesgos de los usos de alcohol y otras drogas así como dónde solicitar ayuda especializada.
• Derogar el artículo 4to de la ley 20.000 de drogas que instaura el tipo penal del porte de drogas
• Retirar a la marihuana y sus derivados de la lista de drogas “duras” y clasificarla entre las drogas “que no producen una alta toxicidad o dependencia”, derogando en lo inmediato el decreto nº 867 de 2007 publicado en el Diario Oficial de 19.02.08.
• Derogar la pena accesoria de tratamiento de drogas para los infractores de ley aún cuando hubiesen actuado bajo sus efectos o motivados por su consecución. En los casos que se considere pertinente la oferta de tratamiento de drogas, ésta deberá ser de carácter voluntario y no necesariamente condicionado a la abstinencia.
Finalmente, nos proponemos intercambiar saberes, mejorar prácticas, y buscar soluciones conjuntas tanto con el Estado y sus instituciones, como con los diversos organismos y organizaciones de base de la sociedad civil, promoviendo acciones que potencien una política de alcohol y otras drogas más justa y pertinente.
COMPARTEN ESTA PROPUESTA :
Para incorporar el nombre de su organización, tenga a bien escribir a: mzorondo@episcopado.cl
viernes, 4 de septiembre de 2009
domingo, 16 de agosto de 2009
I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas
Conclusiones y Perspectivas:
Gana consenso la propuesta de
no criminalizar a los eslabones
más frágiles del tráfico
Con más de 650 asistentes de distintos países y la presencia de reconocidos expertos en políticas de drogas de América Latina, el 6 y 7 de agosto en el salón auditorio del edifico anexo de la Cámara de Diputados se desarrolló la I Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas en Buenos Aires y la VII Conferencia Nacional. Organizada por la asociación civil Intercambios, organización no gubernamental clave en América Latina en temas de reducción de daños y políticas de drogas con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos de Naciones Unidas, el encuentro se concentró en la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, reformas legislativas en la región, atención integral de los usuarios de drogas y alternativas políticas ante el fracaso de la guerra contra las drogas impulsada en los últimos veinte años.
Durante la inauguración de las jornadas, el Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, señaló: “Hace treinta años que vengo diciendo que el artículo 19 de la Constitución Nacional (que habla sobre los actos privados de los hombres) debe ser respetado y que este tema entra en ese artículo”. Además se lamentó porque, según su punto de vista, “lo que se hace es prohibir para subir precios. Esa suba de precio da lugar a la acumulación de más capital ilícito, lo cual permite cada vez romper más barreras institucionales. Ese es el círculo vicioso que desemboca en el llamado ‘crimen organizado’, que provoca mayor cantidad de muertos que los tóxicos prohibidos”.
Por su parte, el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández expresó la postura oficial frente a este tema: “Tenemos que dejarnos de eufemismos y aplicar la reducción de daños, diferenciar las sustancias ilegales de acuerdo al daño que producen y cuidar por sobre todo la salud”. Luego afirmó que el gobierno espera “casi con impaciencia un fallo muy importante, que no va a despenalizar nada sino elaborar la inconstitucionalidad del castigo penal a un usuario privado”.
INTERCAMBIOS Asociación Civil es una organización no gubernamental que desde hace 13 años trabaja en el estudio y la atención de los problemas relacionados con las drogas y concibe esta Conferencia como un mecanismo efectivo de reunión de decisores y planificadores de políticas, investigadores y miembros de la sociedad civil con el fin de mejorar las políticas actuales de control de drogas, incrementar su eficacia, viabilidad y credibilidad.
Por su parte, Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, advirtió sobre las consecuencias que han generado en América Latina las políticas punitivas: “Nos referimos al aislamiento y encarcelamiento desproporcionado de usuarios de drogas y ‘mulas’, a la persecución y empobrecimiento de poblaciones campesinas sometidas a la erradicación forzada de cultivos sin alternativas sustentables, a la violencia social y a la violación de derechos humanos básicos”, señaló.
La investigadora destacó también “los avances que se vislumbran en distintos países de la región, que están analizando reformas a sus legislaciones y a sus planes de acción, que están desarrollando propuestas más inclusivas e integrales para mejorar la atención de los problemas vinculados con las drogas”.
La conferencia se realizó con la adhesión del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la OPS, ONUSIDA y el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) entre otras instituciones. Además, es patrocinada por la Fundación Open Society Institute, la Iniciativa Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, la Embajada del Reino de los Países Bajos, la Embajada Británica en Buenos Aires y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina.
También participó en la inauguración de la Conferencia la diputada Graciela Giannetasio, presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la cámara baja. La legisladora abogó por “una política de salud que implique el tratamiento no judicializado”. Además, manifestó su preocupación por evitar que “la persecución penal de los eslabones menores encubra fenómenos de corrupción y narcotráfico”.
El encuentro apuntó a propiciar “un debate social informado con miras a impulsar políticas no punitivas, fundadas en evidencia científica, que respondan de manera eficaz a los diversos problemas asociados con las drogas” y generar un intercambio a nivel regional para “mantener actualizado el mapa sobre el consumo de drogas, problemas asociados, políticas e intervenciones en la región”.
Contexto sociocultural: pobreza, represión y biotecnología
El moderador de la mesa, Juan Machín Ramírez, integrante de la Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS) de México abrió el panel explicando que, “cuando el discurso de la guerra contra las drogas se convirtió en efectivamente una guerra, en México nos costó 13 mil muertos en 2 años y medio”. Todos los panelistas de esta primera mesa se centraron en los problemas del reduccionismo biológico, que lee el problema de las drogas como el problema del desviado que amenaza al sistema social.
La célebre criminóloga venezolana, Lola Aniyar de Castro, jurado del Premio Internacional Estocolmo en Criminología y profesora titular emérita de la Universidad del Zulia, sintentizó en cuatro productos la guerra contra las drogas: 1) ríos de sangre (el crecimiento desmesurado de la violencia por el control de los mercados y del poder político); 2) un estado paralelo; 3) incapacidad de sustituir la economía de la droga por la economía tradicional y 4) la expansión del consumo. Además, señaló como dos tareas pendientes la reflexión acerca de la distancia entre espacios de reflexión académica y los espacios políticos en el tema droga y lo difícil que es encontrar posturas legislativas críticas en Latinoamérica.
Desde la perspectiva de la genética, el profesor de salud pública de la Universidad de Columbia y consultor internacional de genética y bioética, Víctor Penchaszadeh, advirtió cómo “la biologización y la medicalización hace que distraigamos nuestra atención con respecto a los determinantes sociales de enfermedad”.
Por su parte, el argentino Vicente Galli, integrante de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y ex Director Nacional de Salud Mental, planteó que hace falta “comprender que la salud de la gente tiene que ver con como son recibidos y van recorriendo sus caminos en el mundo”. Y señaló lo absurdo de la legislación argentina actual, que “obliga al adicto a dejar la sustancia para iniciar un tratamiento, lo cual es la militarización de los tratamientos: te ordeno que te cures”.
Desde la sociedad civil
La incidencia política fue el denominador común del panel “Iniciativas políticas de la sociedad civil”, moderado por Elena Reynaga, secretaria ejecutiva de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex). La primera ponencia estuvo a cargo de Andrea Domínguez Duque, de la organización brasileña Viva Rio, cuya principal preocupación es bajar la violencia y es desde allí que llegan al trabajo en temas de drogas. Su estrategia pasa por alimentar un diálogo basado en información y no en prejuicios, creación de la Comisión Brasileña de Drogas y Democracia, que lideraron los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria, Ernesto Zedillo y articulándose en red con otras organizaciones, que trabajan el tema desde hace muchos años, como Psicotropicus, Intercambios, o el IDPC.
Bajo el título “Las iniciativas de las organizaciones sociales, alcances, límites y desafíos en los procesos de incidencia en políticas de drogas”, la titular de la Corporación Viviendo e integrante de la Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS), la colombiana Ángela Tello, planteó como desafíos para la sociedad civil “la integración entre las redes latinoamericanas, compartir resultados, fracasos, procesos, ampliar la participación en ámbitos internacionales y visibilizar experiencias”.
Desde la organización Psicotropicus, João Pedro Pádua planteó que “la sociedad civil tiene el papel de articular la esfera pública informal con la esfera pública formal para formular políticas públicas democráticas. En políticas de drogas tenemos un gran problema: “el debate público está blindado por un tabú social de casi un siglo, que es la prohibición de las drogas al ser arbitrariamente definidas como ilícitas. La esfera pública no trata del tema drogas”.
Finalmente, Graciela Touzé, presidenta de la Asociación Civil Intercambios, explicó que esta organización centra su accionar en tres objetivos: 1) promoción de iniciativas de reforma de las políticas de drogas; 2) propiciar cambios en la legislación y la política pública en materia de drogas y 3) contribuir a la consolidación de una plataforma latinoamericana de coordinación de esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales hacia la reforma de las políticas de drogas. La especialista planteó que, a nivel regional, un buen ejemplo de este tipo de iniciativas es “la coordinación que llevamos adelante para el pasado 26 de junio, día mundial de las drogas, para poder sacar un comunicado conjunto entre trece países y esto habla de un momento de mayor consenso”.
En el cierre de la mesa, la moderadora Elena Reynaga, celebró la presencia de diferentes grupos de Madres contra el Paco en el encuentro y propuso la mayor coordinación y compromiso entre los expertos y las personas que viven más duramente cada día las problemáticas, “porque las madres son mujeres comprometidas con una búsqueda de cambio para sus hijos y quienes están comprometidos con estos temas son nuestros compañeros y compañeras para cambiar esta realidad”, concluyó.
Una mirada mundial sobre las reformas en drogas
Bajo el título “Panorama Internacional de reformas de políticas de drogas: aperturas y desafíos para el futuro”, el politólogo holandés Martin Jelsma, coordinador del Proyecto Drogas y Democracia del Transnational Institute (TNI), se concentró en los resultados de la reunión de alto nivel de Naciones Unidas que revisó en marzo pasado en Viena las metas fijadas hace una década en materia de drogas: “La revisión de UNGASS concluyó con una declaración decepcionante. El sistema de control de Naciones Unidas sigue sufriendo un impasse”. Sin embargo, valoró que “el proceso llevó a varias aperturas en el debate y la falta de coherencia del sistema de Naciones Unidas está ahora sobre la mesa”.
Jelsma planteó que se reconoce que existen contradicciones entre un control de drogas represivo y el respeto a los derechos humanos, el derecho a la salud y una estrategia eficaz contra el VIH/Sida.
Con la moderación de Milton Romani, secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, el experto holandés aseveró que “las convenciones constituyen instrumentos anacrónicos repletos de contradicciones”. Y estima que, en algún momento, las convenciones deberán ajustarse a los cambios de paradigma y de prácticas que se están dando en un número creciente de países en las áreas de reducción de daños, descriminalización y políticas alternativas a la represión al menos en lo que hace a la marihuana. “Esta tendencia representa un desarrollo hacia políticas más humanas y eficaces”, concluyó.
Reformas legislativas en América Latina
En el panel sobre “Reformas legislativas en América Latina”, la coordinadora del Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja de la Jefatura del Gabinete de Ministros, Mónica Cuñarro, dedicó buena parte de su presentación a analizar las posibilidades de armonización normativa entre los países de América Latina y compatibilizar convenciones para coincidir en la persecución de los delitos asociados al narcotráfico. Sobre los consumidores de drogas, señaló: “Con estas leyes tan penalistas de nuestros países deberíamos dedicarnos a fabricar cárceles, no tenemos recursos para que todo se resuelva con grandes cárceles”.
Por su parte, el diputado brasileño del Partido de los Trabajadores, Paulo Teixeira, autor de la ley que prohíbe la patente de medicamentos de segundo uso y de la primera ley de reducción de daños en ese país, presentó un estudio publicado esta semana que analiza 391 sentencias de Río de Janeiro y Brasilia por infracciones a la ley de drogas 11.349. El estudio revela que el 56 % de los condenados estaban siendo detenidos por primera vez; el 84 % no llevaba armas; el 60,8 % estaba solo y no pertenecía a ninguna organización delictiva. El 50 % de los condenados por tráfico de marihuana estaban en posesión de menos de 100 gramos. “Estos resultados son muy similares a los que encontró Intercambios en la Argentina al analizar la aplicación de su ley de estupefacientes. El estudio demuestra que la ley de drogas brasileña aumenta el daño a los usuarios, porque en las cárceles ingresan en el crimen organizado”, señaló.
Teixeira reveló que el PT está presentando el mes próximo un proyecto de ley que pase a “un modelo democrático” en temas de drogas, con cinco puntos:
1) Descriminalización del uso y de la posesión (modelo portugués); 2) Introducción de penas alternativas para el tráfico de pequeñas cantidades de drogas, sin posesión de armas, sin asociación con organizaciones criminales y de reos primarios; 3) Diferenciación entre usuarios y traficantes; 4) Ampliar las posibilidades de reducción de daños a nuevos servicios y 5) Uso terapéutico, autorización de pequeños cultivos de marihuana y comercialización de pequeñas cantidades.
A su turno, Michelle Artieda, subsecretaria de planificación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador, explicó que están en proceso de debate de un proyecto de ley de drogas que modifique la actual, que data de 1992 y “viola el principio de legalidad, establece penas no proporcionadas y no diferenciadas. Esto quiere decir que a un acto de portar cantidades mínimas pueden sobrevenir penas graves como las que se imparten por el asesinato”. La funcionaria ecuatoriana reveló que a segunda causa de detención en el Ecuador es la tenencia de drogas, “de las 14 mil personas privadas de la libertad, 4578 estaban vinculadas a delitos por drogas, 2200 de ellas detenidas por cantidades menores a 2 kilos”.
Un primer paso que dio el gobierno ecuatoriano a fines de 2008 fue el llamado “indulto a las mulas”, una medida que liberó a 1500 personas condenadas a prisión condenada por trasladar pequeñas cantidades de sustancias prohibidas. Y ya introdujo una reforma en su Constitución Nacional para que se respeten los derechos humanos de quienes consumen.
La moderadora de la mesa, la diputada mexicana Elsa Conde Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, sintetizó las ponencias resaltando los nuevos aires en la región que cuestionan el modelo abstencionista vigente en las últimas décadas.
La atención integral a usuarios de drogas
Analizar las experiencias concretas de tratamientos fue el tema central del panel “La atención integral a usuarios de drogas”, que con la moderación de la argentina Carola Lew, asesora en VIH/Sida para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), describió las experiencias y miradas sobre el tema de Paraguay, Uruguay, Argentina y México.
“El desafío es mejorar las ofertas terapéuticas”, aseveró al iniciar su presentación Manuel Fresco, director del Centro Nacional de Control de Adicciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, quien presentó un estudio del año 2005 que revela que quienes consultan son cada vez más jóvenes, policonsumidores con un incremento de prevalencia del consumo en mujeres.
La búsqueda de los tratamientos se centra en: detener el consumo, prolongar la abstinencia, reducir los daños y recuperar la funcionalidad plena o parcial en lo personal, social y económico. “Trabajamos con metas intermedias”, aseveró Fresco.
A su turno, el joven Aram Barra, representante por México de la Red Internacional de Jóvenes para la reducción de los daños asociados al uso de drogas (Youth RISE), señaló que en la región el 20 por ciento de la población tiene entre 15 y 24 años. “Las políticas hacia los jóvenes son escasas o nulas y las medidas de prevención son a menudo insuficientes y las campañas de prevención, no están ligadas a los motivos por los cuales consumimos drogas”.
Desde Santa Fe, de Argentina, la viceministra de salud de esa provincia, Débora Ferrandini, describió la experiencia de cerrar una institución psiquiátrica cerrada, a lo que definió como intentar “una lógica diferente de los enlatados de gestión hospitalaria” y derivar a los pacientes al sistema de salud y a las familias: “Esto generó un terremoto, resistencias de profesionales, pero también mucha gente que entendió que el sufrimiento debe ser alojado y hacerle un lugar en la sala general de los hospitales”.
Portal Amarillo, Centro de información y Referencia Nacional de la Red Drogas del Uruguay es la institución creada en 2005, a partir de los cambios cualitativos que se produjeron en ese país a raíz de la irrupción de la pasta base en 2001, “que en Uruguay se constituyó en un problema de salud pública y no en un problema represivo”, planteó Susana Grunbaum, directora de la institución. “El consumo problemático es un síntoma social contemporáneo y hay un sufrimiento personal. Hay causas sociales, pero queremos también escuchar a cada persona y a cada familia”, afirmó.
En la actualidad, tras atender a tres mil personas en tres años, la institución está evaluando la situación actual de esos pacientes: “Tuvimos contacto con cien de esos tres mil. De estos cien, la mitad estaba sin consumir, el 25% con un consumo menor y el 25% con un consumo igual o peor”. Ante estos resultados, Grunbaum aclaró: “La abstinencia no es la única meta. La meta es que renueve o comience una reinserción social”.
Finalmente, Luiz Paulo Guanabara, representante de la Red Internacional de Personas que Usan Drogas (INPUD), señaló que “no es una tarea fácil en el mundo de hoy representar a usuarios de drogas, porque se trata de una minoría criminalizada”. Para ejemplificar esta situación, explicó que el 85 por ciento de la población de Río de Janeiro culpa a los usuarios de drogas del tráfico, “por lo tanto es un riesgo presentarse como usuario, puede perderse el empleo, ser mal visto por sus compañeros y familia, etc”.
Consecuencias de la guerra contra las drogas
“Si seguimos persiguiendo al que consume, seguiremos siendo funcionales al narcotráfico”, dijo al abrir el panel sobre “Consecuencias de la guerra contra las drogas” la jueza Patricia Marcela Llerena, consultora de las Naciones Unidas en temas de Lavado de Dinero. Agregó: “El proceso de lavado de dinero no está hecho por personas escondidas en medio de la selva, sino por personas que entienden cuál es el grado de corrupción funcional para derivar el dinero proveniente de la actividad ilícita y que caminan por nuestras ciudades”.
Otra consecuencia de la guerra contra las drogas es el incremento de la población carcelaria. A esto se refirió el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nro.1 de la Capital Federal argentina, Martín Edgardo Vázquez Acuña, quien afirmó: “Los jueces no tienen herramientas efectivas y mucho menos la posibilidad de la inclusión social de esta población intramuros”. Luego señaló que desde el Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja de la Jefatura del Gabinete que también integra, señalaron que “no puede haber parcelas, una política dentro de lo penitenciario y otra de salud, sino que la política la debe fijar el Ministerio de Salud”.
En el contexto de América Latina, los efectos para las poblaciones de Colombia, Perú y Bolivia, los tres países productores del el cien por ciento de la cocaína mundial, fueron analizados por el boliviano Dionicio Núñez Tangara, coordinador de Coca y Soberanía, y el experto peruano Hugo Cabieses, director del Desarrollo Rural Sustentable.
El dirigente cocalero explicó que, tras la asunción de Evo Morales como presidente de Bolivia, se diseñó una estrategia de lucha contra el narcotráfico con una visión de respeto de los derecho humanos”. Bolivia propone que la hoja de coca se legisle como un producto agrícola, patrimonio del Estado boliviano, “muy alejada de las sustancias controladas”. Núñez Tangara explicó que en la legislación vigente “el productor de coca es lo mismo que un narcotraficante”.
La nueva estrategia de control de producción de hoja de coca para el narcotráfico incluye reducir los cultivos en forma controlada por las mismas organizaciones cocaleras. “Nuestra voluntad es estabilizar el cultivo en 20 mil hectáreas: 12 mil para consumo interno, norte de Argentina y Chile y 8 mil para productos industriales. Según el monitoreo de Naciones Unidas hay 30 mil, que podemos reducir a partir de la nueva ley de coca, que estamos delineando las mismas federaciones cocaleras”, explicó.
La guerra andino amazónica, el Plan Colombia, el Plan Dignidad de Bolivia antes de que asumiera Evo Morales y la persecución en Perú fueron analizadas por el experto peruano Hugo Cabieses, quien presentó cifras contundentes: “En 1992 las hectáreas cultivadas entre Perú, Bolivia y Colombia eran 11.500, en 2004 se habían reducido apenas a 11.000. Esto significa que, bajo el pretexto de la lucha contra las drogas, están militarizadas las fronteras de nuestros países. Estos planes no aumentan los espacios democráticos, al contrario los restringen”.
Moderó el panel Mauricio Zorondo de Chile, Secretario Ejecutivo de la Escuela Nacional de Estudios y Formación en Abordaje de Adicciones y Situaciones críticas asociadas (EFAD)
Geopolítica: la criminalización de los estados en América Latina
Uno de los epicentros de la guerra contra las drogas fue la región andina. Diversos estudios señalan que esta guerra no se orientó a combatir el tráfico y consumo, sino que adquirió connotaciones de carácter ideológico y económico. Con esta explicación abrió el panel “Geopolítica de las drogas”, que tuvo como expositores a expertos de Bolivia, Colombia y Argentina, con la moderación de Horacio Cattani, juez argentino de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
“Desde Estados Unidos, la estrategia fue la erradicación de cultivos con varios instrumentos: la DEA y la CIA. El resultado no fue el buscado: no se logró erradicar, pero sí se intensificó la represión, especialmente con el llamado Plan Dignidad. Ese plan, sólo en 2002, se cobró 14 heridos y 10 muertos en el marco de las políticas de ‘coca cero’”, reveló el boliviano Froilán Castillo Siles, jefe de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID). Para el especialista, ante este panorama “cabe preguntarse si el enfrentamiento fue contra el tráfico o contra los productores y la hoja de coca”.
Castillo Siles concluyó: “La asunción del presidente Evo Morales, producto de la acumulación de una lucha histórica, permite que estemos en un camino que va en armonización, de descolonización del Estado y descolonización de las políticas contra las drogas”.
A su turno, el colombiano Ricardo Vargas Meza, director de Acción Andina y miembro asociado del Transnational Institute (TNI), dedicó su exposición a demostrar cómo los datos presentados por Naciones Unidas en relación con la efectividad del Plan Colombia (que muestran una reducción en dos años del 28 por ciento de la producción de cocaína) son cuestionables en función de la metodología utilizada. Según explicó, a fines de la década de 1990 la rendición de cocaína pura por hectárea se calculaba en 4,2 toneladas y en 2008 había pasado a 5,3 toneladas “Hay una trampa grande, porque al incluir la rendición por hectárea se descubre que la reducción fue del 16 % y no de un 28% como aparece en las estimaciones usando los estándares de Naciones Unidas”, afirmó.
“Los datos trabajados de esta manera tienen un sentido muy político. El tema del éxito del Plan Colombia justifica la estrategia represiva sobre la región”, advirtió Vargas Meza. Concluyó: “El problema del narcotráfico en Colombia y en el resto de América Latina no obedece a la ausencia de Estado sino que se relaciona más con un proceso de criminalización del Estado”.
El cierre del panel estuvo a cargo de Juan Gabriel Tokatlian, profesor e Investigador de la Universidad Torcuato Di Tella de la Argentina, quien analizó el contexto internacional actual y definió el régimen político de los fenómenos de las drogas enraizado en la dinámica global. Cuestionó las motivaciones que llevan a que se haya justificado toda una guerra en un 0,1 por ciento de la población con usos problemáticos de drogas a nivel mundial.
Y realizó tres recomendaciones: 1) regulaciones moderadas, estableciendo diferencias según el tipo de drogas; 2) exigir coherencia entre las políticas de derechos humanos, ambientales y de drogas y 3) incorporar la diplomacia ciudadana que realiza la población organizada para cuestionar las políticas actuales y proponer alternativas.
¿Nuevos vientos en América Latina?
La I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas insumió dos jornadas intensas, en las que en forma paralela a las mesas de debate, se produjeron cuatro reuniones satélite. La Red Americana de Intervenciones en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS) coordinó un encuentro con organizaciones integrantes de la Red Iberoamericana de Organizaciones que trabajan en Drogodependencia (RIOD) y con Intercambios para alcanzar una articulación y armar una agenda en común para la región. Luego, el miércoles 5 de agosto por la tarde, tuvo lugar una reunión entre funcionarios de gobierno, expertos y representantes de ONGs latinoamericanos con el fin de fortalecer el diálogo y concertar iniciativas. Por último, el viernes 7 de agosto por la tarde, se concretaron el encuentro entre usuarios de drogas y reductores de daños de la región, en vistas a ampliar la participación latinoamericana en la Red Mundial de Usuarios de Drogas y un encuentro de la Red de jóvenes comprometidos con la reducción de daños.
En el cierre de la I Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas, Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, sintetizó los dos días de encuentro: "Quizá por primera vez podemos decir que se siente un aire real de cambio en la región. Ojalá este sea el inicio de un proceso de trabajo que mejore las condiciones de nuestras poblaciones y las políticas de drogas para América Latina".
Link para ver todos los boletines, fotos, comunicados de la Conferencia:
http://www.conferenciadrogas.com/?page_id=52
viernes, 7 de agosto de 2009
La guerra de las drogas: cien años de crueldad y fracasos sanitarios - Ibán de Rementeria
El fracaso humanitario de la guerra
de las drogas es evidente. Partiendo de esta base, el artículo analiza la lógica
profunda de esta guerra: desde el éxito
de las drogas en sociedades altamente ansiógenas hasta la función de
control social y político que tal guerra
desempeña. Y las externalidades
negativas (los tremendos costos
en términos de violaciones a los derechos humanos) y positivas (sus efectos
redistribuidores en los campesinos pobres y los microtraficantes urbanos). En suma, la guerra de las drogas, que ya lleva
cien años, genera costos humanos mucho mayores que los beneficios sanitarios
que supuestamente debería producir.
Ibán de Rementería: francés nacido en 1944. Estudió Filosofía en la Universidad de Chile y Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes, Bogotá. Ha sido profesor de la Universidad de Chile, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes. Experto en drogas, desarrollo alternativo y seguridad ciudadana. Funcionario y consultor de la Organización de las Naciones Unidas (onu), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (gtz) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (iica) en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, y de los gobiernos de Colombia, Portugal y Chile.
Palabras claves: drogas, guerra, sociedad, economía, América Latina.
Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad No 222,
julio-agosto de 2009, ISSN: 0251-3552,.
La crueldad de las guerras de las drogas es indudable; no se trata ni de una metáfora ni de una figura alegórica, como la guerra contra la pobreza, el hambre o el cáncer. Los costos humanos –en muertos, heridos, discapacitados, etc.– son mucho mayores que los supuestos beneficios sanitarios que tal guerra ha generado en los usuarios, los dependientes y los adictos, así como en sus entornos familiares, comunitarios y sociales.
Este artículo propone una evaluación rápida que no pretende ser exhaustiva pero sí comprehensiva. Consideraremos los siguientes aspectos: el éxito de las drogas en la sociedad contemporánea; el éxito político de la guerra de las drogas; el fracaso sanitario y humanitario de esta guerra y las externalidades negativas que genera; la capacidad redistributiva de las drogas en el orden económico y social (es decir, las externalidades positivas de la guerra de las drogas); y, finalmente, las expectativas: el conflicto entre el nuevo gobierno estadounidense y la burocracia nacional e internacional que gestiona la guerra
de las drogas.
El éxito de las drogas■ ■
El éxito de las drogas radica en su capacidad ansiolítica en el marco de una sociedad altamente ansiógena como la contemporánea. Son las dudas inespecíficas y los temores inciertos de las clases medias de Occidente –incluido el «socialismo realmente inexistente» del otro lado de la Cortina de Hierro– los que provocan cada vez más ansiedad, junto con otros trastornos mentales o de la conducta. Esto, que se expresa en el arte moderno, el psicoanálisis y el pensamiento existencialista, ubica a las drogas como «farmacopea del alma» y las pone en el tapete de la salud mental.
Al terminar el siglo xx, el derrumbe del socialismo y el fin del Estado de Bienestar en Occidente hicieron que ya no sea solamente el fantasma de la mera «experiencia de la nada» el que recorre el mundo. En la actualidad, el contexto está marcado por la certidumbre efectiva de la precariedad laboral y el desempleo, la expectativa de la marginalidad y la pobreza urbana, así como del padecimiento de la exclusión y la intolerancia cultural, la subordinación
y el sometimiento político, causados por la «nueva economía», la farandulización
de la participación política y la globalización cultural inasible localmente; estas son las condiciones reales y cotidianas en que el consumo de drogas cumple su función de utilidad mediante el uso funcional, festivo y eufórico de estas sustancias, tal como sucede con el consumo de alcohol entre los pobres, las mujeres y los niños cuando han sido puestos al límite de su resistencia física y mental.
El éxito de las drogas reside en su capacidad de mantener alerta para el trabajo,
asegurar el reposo en el descanso y ayudar a asumir el dolor en el duelo: esa es su función de utilidad, su valor de uso y su capacidad competitiva en el mercado (su valor de cambio). Si los cereales son la panacea de las culturas agrícolas (alimentos de fácil producción y asimilación) y si el azúcar y el alcohol
lo son para el capitalismo industrial (calorías para trabajar), las drogas son el elixir de la sociedad posindustrial (¿reconstituyentes del alma?).
Pero así como la sexualidad, imprescindible para la reproducción humana, debe ser controlada para controlar integralmente a sus portadores, también el elixir frente a la ansiedad posindustrial y posmoderna debe ser regulado: como dicen los farmacólogos expertos, el problema no es su disponibilidad en la farmacopea contemporánea, sino su «uso indebido y su consumo abusivo
». Las drogas, además de ser una necesidad –del alma– para las víctimas de la posmodernidad y la globalización, son un deseo para quienes el disfrute del placer, que vale en sí mismo, es una expresión de su éxito; ese es el prestigio que la droga otorga.
El éxito político de la guerra de las drogas: las drogas como ■ ■ instrumento del control social y político
No hay mejor metáfora de la posmodernidad y la globalización ni mejor revelación de las carencias y las violencias de nuestra contemporaneidad que el consumo y el control de las drogas, que son la peste y la guerra por excelencia.
La declaración de la peste establece la emergencia y convoca a toda la comunidad a la lucha contra lo extraño, lo externo, lo traído de afuera. No hay mercado más global que el mercado de las drogas, que desde siempre ha traspasado fronteras y controles; es el contrabando por excelencia.
La guerra de las drogas es la forma encubierta de controlar a toda la sociedad, pero sobre todo a sus segmentos más vulnerables, mediante el uso organizado de la violencia pública y social, el poder penal y el poder mediático. Está claro que la criminalización de las drogas tiene como finalidad la criminalización
de los pobres, los jóvenes, las mujeres, los migrantes y otras minorías: las más vulnerables y, por lo tanto, las más peligrosas. Los pobres del campo –los campesinos del Tercer Mundo– se han criminalizado sobreviviendo gracias al cultivo de sustancias ilícitas, mientras que los pobres de la ciudad se han criminalizado trabajando en la provisión minorista de drogas (el microtráfico). Esto es particularmente cierto para los jóvenes, que suelen presentar índices de desempleo y pobreza que duplican o triplican los de los adultos, y en especial para las mujeres, más pobres que los hombres y obligadas a conducir casi la mitad de los hogares monoparentales, muchas veces sobreviviendo con sus familias mediante la pequeña provisión de drogas.
La violencia social desatada para controlar las drogas –que recae sobre quienes las consumen y proveen– no es simplemente el resultado del afán de audiencia y ventas de los medios de comunicación: es una política diseñada y recomendada por expertos en salud y comunicaciones, implementada y ejecutada por instituciones públicas, cuya finalidad supuesta es la salud y la información veraz.
El ejemplo más paradigmático del uso político-militar de la guerra de las drogas es la historia reciente de Colombia, donde la ayuda militar de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico fue utilizada
para enfrentar a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), el Ejército de Liberación Nacional (eln) y otras organizaciones menores. Lo más importante ha sido la derrota político-diplomática de estas organizaciones, no debido al hecho de que hayan sido declaradas terroristas, sino a que son consideradas un cartel más del narcotráfico. Es esto lo que les ha quitado cualquier legitimidad y respaldo solidario internacional.
Por supuesto, esto descansa en que las fuerzas subversivas controlan la producción de drogas en los territorios que dominan militarmente, del mismo modo que los paramilitares controlan esas actividades en alianza con las fuerzas regulares en los territorios que controlan o disputan con las fuerzas de la guerrilla.
La guerra de Afganistán es otro caso paradigmático de la utilización de las drogas para controlar una nación y dominar un territorio. Las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan), encabezadas por eeuu, derrotaron a los talibanes, que habían asumido el poder luego de la derrota de las fuerzas soviéticas de ocupación en alianza con los «señores de la guerra», quienes también habían luchado contra los soviéticos (aunque en este caso porque eran los señores de las drogas). Mal que bien, por razones de moral religiosa, los talibanes habían logrado detener, a sangre y fuego, la producción de amapola y opio, que durante el periodo en que ejercieron el gobierno cayó 80%. No hay que olvidar que la legitimidad internacional para invadir Afganistán se logró al responsabilizar a los talibanes de brindar protección a Al Qaeda y a su líder, Osama Bin Laden, algo que ni ellos reconocieron ni nadie ha probado. En cualquier caso, una vez derrotados los talibanes, con un gobierno títere en el poder en Afganistán, la producción de amapola y opio se recuperó y volvió a sus promedios históricos. Hoy se produce allí 80% de la oferta mundial de amapola. En el medio, los talibanes aprendieron su lección histórica y ya no persiguen los cultivos de amapola y la producción de opio en los territorios de Afganistán y Pakistán que controlan.
La guerra de las drogas en México ha adquirido dimensiones «mexicanas»: se ha tornado grandilocuente y feroz. Esto pareciera ser el resultado de la sustitución de los colombianos por los mexicanos en la conducción del tráfico internacional de drogas, derrotados aquellos luego de la guerra contra los carteles. Además, la proximidad con el mayor mercado consumidor, eeuu, es una ventaja comparativa importante para los mexicanos. Sin embargo, la colindancia con el mayor mercado de drogas del mundo muestra cada vez más cuáles son los actores reales en el rol de los traders & dealers. No hay por qué seguir suponiendo que las mafias estadounidenses no están interesadas o no se atreven a disputar un negocio que concentra cerca de la tercera parte de lo que pagan los consumidores de drogas a las mafias latinas, antes colombianas y hoy mexicanas, como lo suponen los guionistas de Hollywood.
La mejor manera de controlar el consumo en el mercado es estigmatizar a los usuarios de drogas mediante el procedimiento de reducir todos los usos a los pocos casos más peligrosos. En la historia del poder político, la guerra contra las drogas es el mejor ejemplo de cómo instalar el miedo como instrumento de control social y político, mucho más universal que la guerra contra el terrorismo o la guerra contra el crimen organizado. No es casualidad que la actual estructura de ejecución de las políticas de drogas de la onu se ocupe también de estos asuntos. Este miedo se muestra más eficaz y eficiente que el miedo a Dios o al Partido como conciencia ética y ordenador moral de la sociedad y el Estado. La droga es el deus ex máchina, el gran constructo que permite explicar todos los problemas y males de la sociedad contemporánea, sus orígenes y causas últimas: la delincuencia, la rebeldía juvenil, la insubordinación de las poblaciones pobres, la desobediencia de las mujeres, las malas conductas de los inmigrantes, la disolución de la familia, etc. Los tres grandes instrumentos de control social y político de la sociedad occidental han sido los siguientes: en la Edad Media, el control de la fe; en la Modernidad, el control de la sexualidad. La Edad de la Razón fue y es un velo malicioso que encubre la sexualidad como disfrute –psicoanálisis versus moral victoriana– y el control del consumo y la provisión de drogas de la actualidad: la guerra de las drogas es la espada violenta contra el disfrute del placer sensible y la paz psicológica que estas otorgan a sus usuarios –su función de utilidad–, en una sociedad que solo genera en sus ciudadanos ansiedad y miedo.
El fracaso sanitario y humanitario de la guerra contra las drogas: ■ ■ las externalidades negativas
El mayor fracaso de la guerra de las drogas no radica simplemente en su descalabro para controlar el consumo y la provisión, sino en haber criminalizado ambos, lo cual ha generado y genera costos humanos y materiales muy superiores a cualquier daño o costo asociado al consumo de drogas. A fines del siglo pasado, morían en eeuu entre 50.000 y 60.000 personas por conflictos relacionados con la provisión de drogas, mientras que los usuarios que morían debido al consumo abusivo oscilaban entre 8.000 y 14.000.
Tanto es así que ya existe una consistente corriente de opinión que considera que lo más grave no son los efectos de las drogas sino las actuales políticas de prevención y control, como lo ha manifestado la comisión integrada por los ex-presidentes de México, Ernesto Zedillo, de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y de Colombia, César Gaviria. El ex-presidente de Chile, Ricardo Lagos, no se incorporó al grupo, pero luego respaldó sutilmente esta apertura, pese a haber promulgado durante su mandato una de las leyes de drogas más represivas que se conocen, que se ha mantenido vigente durante la presidencia de su sucesora, Michelle Bachelet. Esta ley establece que la marihuana es una droga dura que debe ser perseguida con igual fuerza que la heroína, lo cual alimenta la silenciosa guerra que la sociedad les ha declarado a los jóvenes, que justamente constituyen la mayor parte de los consumidores de marihuana. Para entender la importancia de esta legislación hay que tener presente que 75% de los usuarios de drogas ha dejado de serlo, mientras que solo ha logrado dejar los psicofármacos 57%, el tabaco, 35%, y el alcohol, 15%. Es decir, de las sustancias empleadas con fines ansiolíticos, las drogas son las que menos dependencia generan.
La guerra de las drogas se apoya en el supuesto de que el mercado de los estupefacientes se caracteriza por la inelasticidad de la demanda al precio. Es decir, que los usuarios van a seguir comprando drogas aun cuando el precio aumente. Pero esta teoría resultó ser falsa, derivada de la confusión y el desconocimiento: la mayor parte de los usuarios de drogas no son ni dependientes ni adictos; por lo tanto, la conducta mayoritaria es elástica a los precios. El argumento racional fundante de la guerra de las drogas es controlar violentamente la oferta como modo de elevar los precios y así disuadir el consumo: pero esto genera terribles resultados porque los proveedores saben perfectamente que, si los precios suben, las ventas caerán, pues la demanda es elástica. La guerra de las drogas es esencialmente una guerra de precios. Pese a estas evidencias, la guerra contra las drogas continúa. Y es que es consustancial a la Modernidad. Tanto es así que el primer tratado de cooperación y la primera normativa multilateral con voluntad y proyección planetaria es la Convención Internacional sobre el Opio, de 1912, el antecedente tanto de la antigua Sociedad de las Naciones como de la actual onu.
La capacidad redistributiva de las drogas: las externalidades positivas■ ■
Se pueden hacer muchos discursos denunciando que el narcotráfico ha sostenido económicamente tanto a la subversión de origen campesino y la proveniente de los sectores medios urbanos empobrecidos como al paramilitarismo, que la enfrenta en su mismo terreno y con sus mismos métodos. Esto es cierto, por supuesto, pero también es verdad que la producción y el tráfico de drogas han jugado un rol determinante en el mantenimiento del ingreso de los campesinos y del sector rural en general. Lo mismo puede decirse respecto del ingreso de las poblaciones urbanas más empobrecidas y el del sector informal de la economía, que las proveen de bienes y servicios a precios accesibles. Expertos británicos han atribuido la disminución de los delitos contra la propiedad registrada en ese país a la reconversión de los delincuentes comunes en agentes y operadores en el mercado de las drogas.
La segmentación entre los actores de la provisión ilícita de drogas y su participación en el valor agregado pagado por los consumidores revelan algunos datos centrales. Para el caso de la hoja de coca y la elaboración, la distribución y el consumo de cocaína, los campesinos cocaleros, que son cientos de miles, y los acopiadores y compradores locales de sus derivados, que son unos pocos, se apropiaban, según los datos de fines del siglo pasado, de apenas 1% de lo pagado por los consumidores. Mientras tanto, los carteles de contrabandistas internacionales, que son unos cuantos, se quedaban con 13%; los importadores y distribuidores mayoristas en los mercados locales de consumo –traders & dealers– , que son también unos pocos pero muchos más que los contrabandistas, se quedaban con 27%. Finalmente, los expendedores minoristas, los microtraficantes –pushers–, que nuevamente son cientos de miles, participan con 57% del valor final de la cocaína. Las incautaciones solo llegaban a 3% del valor agregado total. Está claro que los campesinos, como siempre, pierden, y el «imperio», como siempre, gana. En el segmento del microtráfico se verifica el gran poder redistribuidor del ingreso del mercado de drogas, ya que en este tramo, por razones de seguridad, no es posible organizar el negocio del retail, como sucede con las grandes cadenas de supermercados que se llevan la parte del león de la producción y comercialización de los productos y mercancías lícitas, sea de calzones, hamburguesas o medicamentos.
La desventajosa situación de los campesinos se agrava por algunas políticas implementadas en las últimas décadas. En Colombia, el gobierno de César Gaviria (1990-1994) acabó con cualquier protección a la agricultura nacional permitiendo la importación y la competencia desleal de la producción agrícola subsidiada de los países desarrollados, sobre todo en el caso de los cereales, que son el componente básico de la alimentación humana y la crianza animal (y, por lo tanto, del abaratamiento de la carne). Los alimentos baratos son determinantes en el mantenimiento del orden público urbano, sobre todo cuando la mayor parte de la población «en situación de riesgo» vive en la ciudad y no en el campo. La coca salvó a los campesinos y a la agricultura colombiana de las importaciones agrícolas subsidiadas en sus países de origen. Esto le dio a Colombia el predominio en la producción de hoja de coca sobre Perú y Bolivia.
En Perú, el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) sinceró la economía y acabó con la agricultura lícita. Como en Bolivia, la coca permitió a los campesinos de la selva alta de la región andino-amazónica sobrevivir. Fujimori y muchos de sus funcionarios terminaron en la cárcel, no solo por permitir
o formar parte del tráfico de drogas, sino también por sus vinculaciones con el tráfico de armas para las farc.
Teniendo en cuenta estos datos, la externalidad positiva de la guerra de las drogas es haber logrado generar ingresos para los sectores marginales rurales, que sobreviven gracias a la producción de los cultivos ilícitos, y para los excluidos urbanos, que lo hacen gracias a su distribución y microtráfico, en particular las mujeres y los jóvenes.
Pero hay otras externalidades positivas. En los 90, los cultivos ilícitos equivalían a 14% del producto agrícola total en Perú y a 8% en Bolivia. La eficacia en el uso de los recursos de esta actividad es alta, ya que solo empleaban 3% y 1,5% de sus respectivas áreas agrícolas totales. Por eso, la segunda externalidad positiva de la guerra de las drogas es su impacto positivo en el medio ambiente: en la región andino-amazónica, conformada por Bolivia, Colombia y Perú, los cultivos de drogas solo ocupaban 1,7% del área agrícola total y apenas habían participado con 4% de la pérdida de bosques.
El éxito de la provisión de drogas es tal que se ha producido una «cultura narco» o «narcocultura», un conjunto de valores éticos, políticos y simbólicos, una gramática y un léxico, por medio de los cuales los narcotraficantes y sus asociados se dirigen al Estado y la sociedad; hay una manera narco de hacer negocios, muy rentable en la confianza y sanguinariamente implacable en el incumplimiento y el engaño. Es más, hay una «estética narco» que cierra este conjunto valórico: hay «narcocorridos» en México; los niños de la ciudad de Tingo María, en el Alto Huallag de Perú, representan una obra de teatro escolar llamada La Mancada de Felipe, que narra la vida y muerte de un narcotraficante local; en las barriadas de Buenos Aires se cantan canciones «narcovilleras», en los cementerios de Santiago de Chile los narcotraficantes locales son despedidos por sus parientes, socios, amigos y dependientes con salvas de armas de fuego, al mejor estilo de Pablo Escobar. Los jóvenes de los sectores populares de todo el mundo, que sufren un desempleo entre el doble y el triple que el promedio, con una educación que no les garantiza un trabajo decente, son reclutados por los narcotraficantes locales, o al menos asumen sus costumbres y sus modas. En suma, toda una ética y una estética narco, para horror de las autoridades, las personas honestas y algunos intelectuales biempensantes, aunque sea absurdo pretender tener drogas baratas en un marco de guerra declarada y no darles un espacio y unas normas de actuación y expresión a sus gestores.
Las expectativas en la guerra de las drogas: el conflicto entre el nuevo ■ ■ gobierno estadounidense y la burocracia nacional e internacional
El nuevo zar de las drogas en eeuu designado por Barack Obama, el director de la Oficina para la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, dio por terminada la guerra de las drogas. Sin embargo, el presidente norteamericano duda sobre si financiar o no los programas de intercambio de agujas para los usuarios de heroína con el fin de prevenir el sida. Poco tiempo atrás, en la revisión de los diez años del programa de control de drogas de la onu, eeuu mantuvo su postura de no permitir la introducción de medidas de reducción de daños en los programas de prevención
de drogas, seguramente para sostener la alianza con sus socios en las posiciones duras sobre drogas, como Rusia, otros ex-países socialistas, los Estados musulmanes y algunos gobiernos autoritarios de Asia y África. En las últimas elecciones en las que se renovó la mitad de los miembros de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas (jife), órgano semijudicial encargado de vigilar la aplicación de las convenciones internacionales sobre drogas, eeuu respaldó a los candidatos más conservadores y reticentes a las prácticas de reducción del daño. Esto implica la primacía de los compromisos políticos de intercambio de favores en los diversos organismos de la onu con sus aliados tradicionales y los intereses particulares de los funcionarios nacionales e internacionales.
Para decirlo en breve, la última resistencia a innovar las políticas internacionales de drogas y pasar del discurso y la práctica de la guerra a un trato sanitario y humanitario, de respeto a los derechos humanos, como se viene haciendo en buena parte de Europa, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, así como en algunos países de América Latina como Argentina y Brasil, ya no reside en la posición de eeuu, sino en la resistencia de sus aliados, su burocracia y la burocracia de las Naciones Unidas.
de las drogas es evidente. Partiendo de esta base, el artículo analiza la lógica
profunda de esta guerra: desde el éxito
de las drogas en sociedades altamente ansiógenas hasta la función de
control social y político que tal guerra
desempeña. Y las externalidades
negativas (los tremendos costos
en términos de violaciones a los derechos humanos) y positivas (sus efectos
redistribuidores en los campesinos pobres y los microtraficantes urbanos). En suma, la guerra de las drogas, que ya lleva
cien años, genera costos humanos mucho mayores que los beneficios sanitarios
que supuestamente debería producir.
Ibán de Rementería: francés nacido en 1944. Estudió Filosofía en la Universidad de Chile y Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes, Bogotá. Ha sido profesor de la Universidad de Chile, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes. Experto en drogas, desarrollo alternativo y seguridad ciudadana. Funcionario y consultor de la Organización de las Naciones Unidas (onu), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (gtz) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (iica) en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, y de los gobiernos de Colombia, Portugal y Chile.
Palabras claves: drogas, guerra, sociedad, economía, América Latina.
Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad No 222,
julio-agosto de 2009, ISSN: 0251-3552,
La crueldad de las guerras de las drogas es indudable; no se trata ni de una metáfora ni de una figura alegórica, como la guerra contra la pobreza, el hambre o el cáncer. Los costos humanos –en muertos, heridos, discapacitados, etc.– son mucho mayores que los supuestos beneficios sanitarios que tal guerra ha generado en los usuarios, los dependientes y los adictos, así como en sus entornos familiares, comunitarios y sociales.
Este artículo propone una evaluación rápida que no pretende ser exhaustiva pero sí comprehensiva. Consideraremos los siguientes aspectos: el éxito de las drogas en la sociedad contemporánea; el éxito político de la guerra de las drogas; el fracaso sanitario y humanitario de esta guerra y las externalidades negativas que genera; la capacidad redistributiva de las drogas en el orden económico y social (es decir, las externalidades positivas de la guerra de las drogas); y, finalmente, las expectativas: el conflicto entre el nuevo gobierno estadounidense y la burocracia nacional e internacional que gestiona la guerra
de las drogas.
El éxito de las drogas■ ■
El éxito de las drogas radica en su capacidad ansiolítica en el marco de una sociedad altamente ansiógena como la contemporánea. Son las dudas inespecíficas y los temores inciertos de las clases medias de Occidente –incluido el «socialismo realmente inexistente» del otro lado de la Cortina de Hierro– los que provocan cada vez más ansiedad, junto con otros trastornos mentales o de la conducta. Esto, que se expresa en el arte moderno, el psicoanálisis y el pensamiento existencialista, ubica a las drogas como «farmacopea del alma» y las pone en el tapete de la salud mental.
Al terminar el siglo xx, el derrumbe del socialismo y el fin del Estado de Bienestar en Occidente hicieron que ya no sea solamente el fantasma de la mera «experiencia de la nada» el que recorre el mundo. En la actualidad, el contexto está marcado por la certidumbre efectiva de la precariedad laboral y el desempleo, la expectativa de la marginalidad y la pobreza urbana, así como del padecimiento de la exclusión y la intolerancia cultural, la subordinación
y el sometimiento político, causados por la «nueva economía», la farandulización
de la participación política y la globalización cultural inasible localmente; estas son las condiciones reales y cotidianas en que el consumo de drogas cumple su función de utilidad mediante el uso funcional, festivo y eufórico de estas sustancias, tal como sucede con el consumo de alcohol entre los pobres, las mujeres y los niños cuando han sido puestos al límite de su resistencia física y mental.
El éxito de las drogas reside en su capacidad de mantener alerta para el trabajo,
asegurar el reposo en el descanso y ayudar a asumir el dolor en el duelo: esa es su función de utilidad, su valor de uso y su capacidad competitiva en el mercado (su valor de cambio). Si los cereales son la panacea de las culturas agrícolas (alimentos de fácil producción y asimilación) y si el azúcar y el alcohol
lo son para el capitalismo industrial (calorías para trabajar), las drogas son el elixir de la sociedad posindustrial (¿reconstituyentes del alma?).
Pero así como la sexualidad, imprescindible para la reproducción humana, debe ser controlada para controlar integralmente a sus portadores, también el elixir frente a la ansiedad posindustrial y posmoderna debe ser regulado: como dicen los farmacólogos expertos, el problema no es su disponibilidad en la farmacopea contemporánea, sino su «uso indebido y su consumo abusivo
». Las drogas, además de ser una necesidad –del alma– para las víctimas de la posmodernidad y la globalización, son un deseo para quienes el disfrute del placer, que vale en sí mismo, es una expresión de su éxito; ese es el prestigio que la droga otorga.
El éxito político de la guerra de las drogas: las drogas como ■ ■ instrumento del control social y político
No hay mejor metáfora de la posmodernidad y la globalización ni mejor revelación de las carencias y las violencias de nuestra contemporaneidad que el consumo y el control de las drogas, que son la peste y la guerra por excelencia.
La declaración de la peste establece la emergencia y convoca a toda la comunidad a la lucha contra lo extraño, lo externo, lo traído de afuera. No hay mercado más global que el mercado de las drogas, que desde siempre ha traspasado fronteras y controles; es el contrabando por excelencia.
La guerra de las drogas es la forma encubierta de controlar a toda la sociedad, pero sobre todo a sus segmentos más vulnerables, mediante el uso organizado de la violencia pública y social, el poder penal y el poder mediático. Está claro que la criminalización de las drogas tiene como finalidad la criminalización
de los pobres, los jóvenes, las mujeres, los migrantes y otras minorías: las más vulnerables y, por lo tanto, las más peligrosas. Los pobres del campo –los campesinos del Tercer Mundo– se han criminalizado sobreviviendo gracias al cultivo de sustancias ilícitas, mientras que los pobres de la ciudad se han criminalizado trabajando en la provisión minorista de drogas (el microtráfico). Esto es particularmente cierto para los jóvenes, que suelen presentar índices de desempleo y pobreza que duplican o triplican los de los adultos, y en especial para las mujeres, más pobres que los hombres y obligadas a conducir casi la mitad de los hogares monoparentales, muchas veces sobreviviendo con sus familias mediante la pequeña provisión de drogas.
La violencia social desatada para controlar las drogas –que recae sobre quienes las consumen y proveen– no es simplemente el resultado del afán de audiencia y ventas de los medios de comunicación: es una política diseñada y recomendada por expertos en salud y comunicaciones, implementada y ejecutada por instituciones públicas, cuya finalidad supuesta es la salud y la información veraz.
El ejemplo más paradigmático del uso político-militar de la guerra de las drogas es la historia reciente de Colombia, donde la ayuda militar de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico fue utilizada
para enfrentar a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), el Ejército de Liberación Nacional (eln) y otras organizaciones menores. Lo más importante ha sido la derrota político-diplomática de estas organizaciones, no debido al hecho de que hayan sido declaradas terroristas, sino a que son consideradas un cartel más del narcotráfico. Es esto lo que les ha quitado cualquier legitimidad y respaldo solidario internacional.
Por supuesto, esto descansa en que las fuerzas subversivas controlan la producción de drogas en los territorios que dominan militarmente, del mismo modo que los paramilitares controlan esas actividades en alianza con las fuerzas regulares en los territorios que controlan o disputan con las fuerzas de la guerrilla.
La guerra de Afganistán es otro caso paradigmático de la utilización de las drogas para controlar una nación y dominar un territorio. Las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan), encabezadas por eeuu, derrotaron a los talibanes, que habían asumido el poder luego de la derrota de las fuerzas soviéticas de ocupación en alianza con los «señores de la guerra», quienes también habían luchado contra los soviéticos (aunque en este caso porque eran los señores de las drogas). Mal que bien, por razones de moral religiosa, los talibanes habían logrado detener, a sangre y fuego, la producción de amapola y opio, que durante el periodo en que ejercieron el gobierno cayó 80%. No hay que olvidar que la legitimidad internacional para invadir Afganistán se logró al responsabilizar a los talibanes de brindar protección a Al Qaeda y a su líder, Osama Bin Laden, algo que ni ellos reconocieron ni nadie ha probado. En cualquier caso, una vez derrotados los talibanes, con un gobierno títere en el poder en Afganistán, la producción de amapola y opio se recuperó y volvió a sus promedios históricos. Hoy se produce allí 80% de la oferta mundial de amapola. En el medio, los talibanes aprendieron su lección histórica y ya no persiguen los cultivos de amapola y la producción de opio en los territorios de Afganistán y Pakistán que controlan.
La guerra de las drogas en México ha adquirido dimensiones «mexicanas»: se ha tornado grandilocuente y feroz. Esto pareciera ser el resultado de la sustitución de los colombianos por los mexicanos en la conducción del tráfico internacional de drogas, derrotados aquellos luego de la guerra contra los carteles. Además, la proximidad con el mayor mercado consumidor, eeuu, es una ventaja comparativa importante para los mexicanos. Sin embargo, la colindancia con el mayor mercado de drogas del mundo muestra cada vez más cuáles son los actores reales en el rol de los traders & dealers. No hay por qué seguir suponiendo que las mafias estadounidenses no están interesadas o no se atreven a disputar un negocio que concentra cerca de la tercera parte de lo que pagan los consumidores de drogas a las mafias latinas, antes colombianas y hoy mexicanas, como lo suponen los guionistas de Hollywood.
La mejor manera de controlar el consumo en el mercado es estigmatizar a los usuarios de drogas mediante el procedimiento de reducir todos los usos a los pocos casos más peligrosos. En la historia del poder político, la guerra contra las drogas es el mejor ejemplo de cómo instalar el miedo como instrumento de control social y político, mucho más universal que la guerra contra el terrorismo o la guerra contra el crimen organizado. No es casualidad que la actual estructura de ejecución de las políticas de drogas de la onu se ocupe también de estos asuntos. Este miedo se muestra más eficaz y eficiente que el miedo a Dios o al Partido como conciencia ética y ordenador moral de la sociedad y el Estado. La droga es el deus ex máchina, el gran constructo que permite explicar todos los problemas y males de la sociedad contemporánea, sus orígenes y causas últimas: la delincuencia, la rebeldía juvenil, la insubordinación de las poblaciones pobres, la desobediencia de las mujeres, las malas conductas de los inmigrantes, la disolución de la familia, etc. Los tres grandes instrumentos de control social y político de la sociedad occidental han sido los siguientes: en la Edad Media, el control de la fe; en la Modernidad, el control de la sexualidad. La Edad de la Razón fue y es un velo malicioso que encubre la sexualidad como disfrute –psicoanálisis versus moral victoriana– y el control del consumo y la provisión de drogas de la actualidad: la guerra de las drogas es la espada violenta contra el disfrute del placer sensible y la paz psicológica que estas otorgan a sus usuarios –su función de utilidad–, en una sociedad que solo genera en sus ciudadanos ansiedad y miedo.
El fracaso sanitario y humanitario de la guerra contra las drogas: ■ ■ las externalidades negativas
El mayor fracaso de la guerra de las drogas no radica simplemente en su descalabro para controlar el consumo y la provisión, sino en haber criminalizado ambos, lo cual ha generado y genera costos humanos y materiales muy superiores a cualquier daño o costo asociado al consumo de drogas. A fines del siglo pasado, morían en eeuu entre 50.000 y 60.000 personas por conflictos relacionados con la provisión de drogas, mientras que los usuarios que morían debido al consumo abusivo oscilaban entre 8.000 y 14.000.
Tanto es así que ya existe una consistente corriente de opinión que considera que lo más grave no son los efectos de las drogas sino las actuales políticas de prevención y control, como lo ha manifestado la comisión integrada por los ex-presidentes de México, Ernesto Zedillo, de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y de Colombia, César Gaviria. El ex-presidente de Chile, Ricardo Lagos, no se incorporó al grupo, pero luego respaldó sutilmente esta apertura, pese a haber promulgado durante su mandato una de las leyes de drogas más represivas que se conocen, que se ha mantenido vigente durante la presidencia de su sucesora, Michelle Bachelet. Esta ley establece que la marihuana es una droga dura que debe ser perseguida con igual fuerza que la heroína, lo cual alimenta la silenciosa guerra que la sociedad les ha declarado a los jóvenes, que justamente constituyen la mayor parte de los consumidores de marihuana. Para entender la importancia de esta legislación hay que tener presente que 75% de los usuarios de drogas ha dejado de serlo, mientras que solo ha logrado dejar los psicofármacos 57%, el tabaco, 35%, y el alcohol, 15%. Es decir, de las sustancias empleadas con fines ansiolíticos, las drogas son las que menos dependencia generan.
La guerra de las drogas se apoya en el supuesto de que el mercado de los estupefacientes se caracteriza por la inelasticidad de la demanda al precio. Es decir, que los usuarios van a seguir comprando drogas aun cuando el precio aumente. Pero esta teoría resultó ser falsa, derivada de la confusión y el desconocimiento: la mayor parte de los usuarios de drogas no son ni dependientes ni adictos; por lo tanto, la conducta mayoritaria es elástica a los precios. El argumento racional fundante de la guerra de las drogas es controlar violentamente la oferta como modo de elevar los precios y así disuadir el consumo: pero esto genera terribles resultados porque los proveedores saben perfectamente que, si los precios suben, las ventas caerán, pues la demanda es elástica. La guerra de las drogas es esencialmente una guerra de precios. Pese a estas evidencias, la guerra contra las drogas continúa. Y es que es consustancial a la Modernidad. Tanto es así que el primer tratado de cooperación y la primera normativa multilateral con voluntad y proyección planetaria es la Convención Internacional sobre el Opio, de 1912, el antecedente tanto de la antigua Sociedad de las Naciones como de la actual onu.
La capacidad redistributiva de las drogas: las externalidades positivas■ ■
Se pueden hacer muchos discursos denunciando que el narcotráfico ha sostenido económicamente tanto a la subversión de origen campesino y la proveniente de los sectores medios urbanos empobrecidos como al paramilitarismo, que la enfrenta en su mismo terreno y con sus mismos métodos. Esto es cierto, por supuesto, pero también es verdad que la producción y el tráfico de drogas han jugado un rol determinante en el mantenimiento del ingreso de los campesinos y del sector rural en general. Lo mismo puede decirse respecto del ingreso de las poblaciones urbanas más empobrecidas y el del sector informal de la economía, que las proveen de bienes y servicios a precios accesibles. Expertos británicos han atribuido la disminución de los delitos contra la propiedad registrada en ese país a la reconversión de los delincuentes comunes en agentes y operadores en el mercado de las drogas.
La segmentación entre los actores de la provisión ilícita de drogas y su participación en el valor agregado pagado por los consumidores revelan algunos datos centrales. Para el caso de la hoja de coca y la elaboración, la distribución y el consumo de cocaína, los campesinos cocaleros, que son cientos de miles, y los acopiadores y compradores locales de sus derivados, que son unos pocos, se apropiaban, según los datos de fines del siglo pasado, de apenas 1% de lo pagado por los consumidores. Mientras tanto, los carteles de contrabandistas internacionales, que son unos cuantos, se quedaban con 13%; los importadores y distribuidores mayoristas en los mercados locales de consumo –traders & dealers– , que son también unos pocos pero muchos más que los contrabandistas, se quedaban con 27%. Finalmente, los expendedores minoristas, los microtraficantes –pushers–, que nuevamente son cientos de miles, participan con 57% del valor final de la cocaína. Las incautaciones solo llegaban a 3% del valor agregado total. Está claro que los campesinos, como siempre, pierden, y el «imperio», como siempre, gana. En el segmento del microtráfico se verifica el gran poder redistribuidor del ingreso del mercado de drogas, ya que en este tramo, por razones de seguridad, no es posible organizar el negocio del retail, como sucede con las grandes cadenas de supermercados que se llevan la parte del león de la producción y comercialización de los productos y mercancías lícitas, sea de calzones, hamburguesas o medicamentos.
La desventajosa situación de los campesinos se agrava por algunas políticas implementadas en las últimas décadas. En Colombia, el gobierno de César Gaviria (1990-1994) acabó con cualquier protección a la agricultura nacional permitiendo la importación y la competencia desleal de la producción agrícola subsidiada de los países desarrollados, sobre todo en el caso de los cereales, que son el componente básico de la alimentación humana y la crianza animal (y, por lo tanto, del abaratamiento de la carne). Los alimentos baratos son determinantes en el mantenimiento del orden público urbano, sobre todo cuando la mayor parte de la población «en situación de riesgo» vive en la ciudad y no en el campo. La coca salvó a los campesinos y a la agricultura colombiana de las importaciones agrícolas subsidiadas en sus países de origen. Esto le dio a Colombia el predominio en la producción de hoja de coca sobre Perú y Bolivia.
En Perú, el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) sinceró la economía y acabó con la agricultura lícita. Como en Bolivia, la coca permitió a los campesinos de la selva alta de la región andino-amazónica sobrevivir. Fujimori y muchos de sus funcionarios terminaron en la cárcel, no solo por permitir
o formar parte del tráfico de drogas, sino también por sus vinculaciones con el tráfico de armas para las farc.
Teniendo en cuenta estos datos, la externalidad positiva de la guerra de las drogas es haber logrado generar ingresos para los sectores marginales rurales, que sobreviven gracias a la producción de los cultivos ilícitos, y para los excluidos urbanos, que lo hacen gracias a su distribución y microtráfico, en particular las mujeres y los jóvenes.
Pero hay otras externalidades positivas. En los 90, los cultivos ilícitos equivalían a 14% del producto agrícola total en Perú y a 8% en Bolivia. La eficacia en el uso de los recursos de esta actividad es alta, ya que solo empleaban 3% y 1,5% de sus respectivas áreas agrícolas totales. Por eso, la segunda externalidad positiva de la guerra de las drogas es su impacto positivo en el medio ambiente: en la región andino-amazónica, conformada por Bolivia, Colombia y Perú, los cultivos de drogas solo ocupaban 1,7% del área agrícola total y apenas habían participado con 4% de la pérdida de bosques.
El éxito de la provisión de drogas es tal que se ha producido una «cultura narco» o «narcocultura», un conjunto de valores éticos, políticos y simbólicos, una gramática y un léxico, por medio de los cuales los narcotraficantes y sus asociados se dirigen al Estado y la sociedad; hay una manera narco de hacer negocios, muy rentable en la confianza y sanguinariamente implacable en el incumplimiento y el engaño. Es más, hay una «estética narco» que cierra este conjunto valórico: hay «narcocorridos» en México; los niños de la ciudad de Tingo María, en el Alto Huallag de Perú, representan una obra de teatro escolar llamada La Mancada de Felipe, que narra la vida y muerte de un narcotraficante local; en las barriadas de Buenos Aires se cantan canciones «narcovilleras», en los cementerios de Santiago de Chile los narcotraficantes locales son despedidos por sus parientes, socios, amigos y dependientes con salvas de armas de fuego, al mejor estilo de Pablo Escobar. Los jóvenes de los sectores populares de todo el mundo, que sufren un desempleo entre el doble y el triple que el promedio, con una educación que no les garantiza un trabajo decente, son reclutados por los narcotraficantes locales, o al menos asumen sus costumbres y sus modas. En suma, toda una ética y una estética narco, para horror de las autoridades, las personas honestas y algunos intelectuales biempensantes, aunque sea absurdo pretender tener drogas baratas en un marco de guerra declarada y no darles un espacio y unas normas de actuación y expresión a sus gestores.
Las expectativas en la guerra de las drogas: el conflicto entre el nuevo ■ ■ gobierno estadounidense y la burocracia nacional e internacional
El nuevo zar de las drogas en eeuu designado por Barack Obama, el director de la Oficina para la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, dio por terminada la guerra de las drogas. Sin embargo, el presidente norteamericano duda sobre si financiar o no los programas de intercambio de agujas para los usuarios de heroína con el fin de prevenir el sida. Poco tiempo atrás, en la revisión de los diez años del programa de control de drogas de la onu, eeuu mantuvo su postura de no permitir la introducción de medidas de reducción de daños en los programas de prevención
de drogas, seguramente para sostener la alianza con sus socios en las posiciones duras sobre drogas, como Rusia, otros ex-países socialistas, los Estados musulmanes y algunos gobiernos autoritarios de Asia y África. En las últimas elecciones en las que se renovó la mitad de los miembros de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas (jife), órgano semijudicial encargado de vigilar la aplicación de las convenciones internacionales sobre drogas, eeuu respaldó a los candidatos más conservadores y reticentes a las prácticas de reducción del daño. Esto implica la primacía de los compromisos políticos de intercambio de favores en los diversos organismos de la onu con sus aliados tradicionales y los intereses particulares de los funcionarios nacionales e internacionales.
Para decirlo en breve, la última resistencia a innovar las políticas internacionales de drogas y pasar del discurso y la práctica de la guerra a un trato sanitario y humanitario, de respeto a los derechos humanos, como se viene haciendo en buena parte de Europa, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, así como en algunos países de América Latina como Argentina y Brasil, ya no reside en la posición de eeuu, sino en la resistencia de sus aliados, su burocracia y la burocracia de las Naciones Unidas.
lunes, 29 de junio de 2009
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domingo, 28 de junio de 2009
sábado, 27 de junio de 2009
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